Artículo
Editorial (*)
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 7 de febrero de 2013
Hace una semana la Ciudad de México se vio inerme ante el asalto de Telcel a los intereses de los capitalinos. Sigilosamente retiró el servicio a buena parte de la población de la capital del país. Nada pasó. Pocos, muy pocos, dijeron algo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se enteró como todos, y como si fuera una organización de la sociedad civil respondió con la fuerza de un boletín de prensa carente de efecto jurídico. Hoy discute para “proponer a la SCT” la “posibilidad” de que haya una multa a Telcel. Ese hecho, que no es aislado, pone de relieve que en México el poderoso no avisa simple y sencillamente porque puede incurrir en una conducta como ésta sin que pase nada. Ese es el poder. Para bien del mundo y para mal del país eso no sucede en el entorno internacional. Veamos.
Primero. Las empresas no son piadosas, “buena onda”. Constituyen un negocio tan jugoso como el poder institucional les permite. Las limita y las regula. Por supuesto, no es lo mismo la Cofetel que las autoridades de otros países que velan en los hechos por el interés público. No es mi imaginación ni pretendo “hablar mal” de la Cofetel sin datos que me permitan sustentar lo que aquí voy a afirmar. Como en otros sectores de la economía, el costo del servicio celular en México es un asalto en despoblado. Es cosa de comparar los planes tarifarios más baratos en algunos países emblemáticos.
En México, el plan tarifario de Telcel más económico es el denominado “Más X Menos” que dice proporcionar 60 minutos locales mensuales por 197 pesos. En Brasil, la empresa Vivo tiene el plan “Tempo Livre”, que ofrece 150 minutos por 142.72 pesos mexicanos; es decir, le aporta al consumidor tres veces más minutos que Telcel en México. En España, la firma Orange ofrece 400 minutos por 253 pesos mensuales con el Plan “Pingüino”; en otras palabras, 600% aproximadamente más producto que Telcel. En Estados Unidos la compañía Virgin Mobile pone a disposición de sus clientes su plan “Paylo”, que incluye 400 minutos mensuales por 253 pesos mexicanos. En el Reino Unido el plan más barato es el de Vodafone, que ofrece 100 minutos por 265 pesos. En estos dos últimos países se ofrece servicio de datos con la tecnología 4G –que todavía no se implanta en la totalidad del territorio mexicano–, lo cual significa en términos prácticos que la velocidad de internet es al menos 500% más rápida que la que ofrece Telcel.
Segundo. Si se analizan los planes tarifarios más caros y completos, los datos documentan que los mexican@s son los que pagan más por menos. En efecto, Telcel, con su plan “Más X Menos” internet 3GB-5, incluye 420 minutos por 929 pesos. En Estados Unidos, el plan más alto de Virgin Mobile en 4G, denominado “Beyond Talk Unlimited Data and Messaging Plans”, que no tiene límites de llamadas además de servicios de datos, cuesta 695.77 pesos. En el Reino Unido, Vodafone presenta su plan “Red Data” con minutos ilimitados más servicio de datos por 959 pesos mexicanos. En España, la empresa Orange tiene el plan “Ballena 55” con 500 minutos libres por 928 pesos.
De entrada los números absolutos son, en mayor o menor medida, más baratos que los que existen en México y los servicios recibidos son sustancialmente mucho mejores. Al ver el costo que representan los planes tarifarios más altos por el impacto en los salarios mínimos de los países analizados, la diferencia en perjuicio nuestro es muchísimo mayor. En efecto, el plan de Telcel representa al mes casi 50% de un salario mínimo mensual mexicano. En Estados Unidos, el plan de Virgin Mobile equivale aproximadamente a 0.53% del salario mínimo mensual de Estados Unidos. En el Reino Unido, el plan de Vodafone representa alrededor de 0.16% de un salario mínimo mensual en ese país. En España, el plan tarifario de Orange corresponde al 0.71% de un salario mínimo español. En suma, el costo de Telcel en México es al menos 500% más caro que en los países estudiados.
Tercero. Esta asimetría de precios entre servicios malos como el de Telcel y servicios buenos en el extranjero es, de entrada, responsabilidad de las autoridades competentes. A diferencia de lo que argumentan algunos colegas que explican este mundo al revés por decisiones empresariales, la verdad es que en la medida en que son recipiendarios de una concesión pública son sujetos de políticas públicas, leyes y compromisos de las autoridades, particularmente de la Cofetel.
Alguien podría decir que la Cofetel no tiene dientes y está limitada por la ley. Sí y no. Esa es la respuesta simplista para explicar que es un fenómeno económico que está fuera del ámbito de atribuciones de las autoridades. El problema, por supuesto, no se queda ahí. ¿Sabía usted que la Cofetel ha decidido tener sólo 33 “inspectores verificadores” para vigilar que se cumpla la ley en los 2 mil 454 municipios del país, según el Inegi? Peor todavía, de acuerdo con el informe 2012 de la SCT (http://www.sct.gob.mx/uploads/media/SCT_6IL_2011-2012_01.pdf) los inspectores sólo son utilizados para verificar si las estaciones de radio y televisión tienen sus permisos en regla; es decir, no están al servicio de los usuarios, sino de los empresarios. Y ello se hace porque “esta actividad es fundamental para asegurar que la prestación del servicio de radio y televisión se brinde con calidad en beneficio del público usuario”.
Paradójicamente, Adriana Labardini, una reconocida académica y activista, ha ideado un software gratuito (http://www.consuabogado.org/) para medir si efectivamente hay identidad entre las características de velocidad del servicio de internet que las empresas dicen poner al servicio de sus suscriptores y la velocidad que efectivamente proporcionan. A final de cuentas, ¿no es fundamental que la Cofetel sirva al interés de l@s mexican@s tomando en cuenta que nuestro país tiene el servicio más caro, arriba de las principales potencias mundiales? Si la Cofetel hace lo que hace, ¿no se podría albergar la duda razonable de que haya una colusión entre el regulador y el regulado para satisfacer intereses ajenos al de los mexican@s?¿Usted qué cree?
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Este artículo editorial fue publicado originalmente en la edición 1892 del Semanario Proceso del día 2 de enero de 2013.
