Un ex presidente percibe por
su salario más gastos de ayudantía y seguridad la cifra de 5 millones 005, 121
pesos mensuales
México. D. F., enero de 2013. En una reedición más
del uso y abuso del poder en México, de último minuto Felipe Calderón extendió
los Beneficios Expresidenciales a toda su familia, en el uso extendido de la
palabra y no como jurídicamente se le entiende a la familia monoparental, por
lo que existe la posibilidad de incrementar aún más la exorbitante cifra de 5
millones 005, 121 pesos mensuales que actualmente perciben nuestros ex primeros
mandatarios.
“El caso de Felipe Calderón es verdaderamente sorprendente. Cuando se terminó
el libro y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara,
jamás pensamos que el libro iba a tener la fuerza para que el propio presidente
el último día de su mandato publicara una reforma al reglamento del Estado
Mayor para autoprotegerse y autootorgarse más cosas”, expresó recientemente Ernesto
Villanueva Villanueva, coautor junto con Hilda Nucci González del libro
“Beneficios Expresidenciales” (Editorial Themis, 2012), durante la presentación
realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El investigador expresó que debido al anuncio previo de la existencia del
libro, donde se dieron a conocer avances del mismo, permitió al ex presidente
realizar los agregados: “La primera, aiga sido como aiga sido, lo que ya se
tuvo aquí se queda, y lo puso en transitorio; segundo, él entiende familia en un
concepto coloquial de la expresión, es decir, la abuelita, la tía, los
sobrinos… para otorgarles servicios de salud en el hospital militar, no en el
ISSSTE como correspondería a un ex servidor público” y tercero, además de los
425 elementos que ya tenía, poder incrementar la seguridad, según las
circunstancias lo ameriten, es decir, ya no tenemos límites, pueden ser los que
la imaginación alcance”.
Villanueva comentó que en una interpretación muy personal el incremento
desmedido de personal para seguridad podría ser debido a las molestias que dejó
en la gente que perdió a sus familiares durante la guerra iniciada contra el
narcotráfico, la cual, insistió el autor, quizá no lo fue tanto porque no
existen pruebas documentales de la muerte de Nazario Moreno, líder de la
Familia Michoacana, que puso en su Informe de Gobierno, por ejemplo.
Además, el responsable del área de Derecho de la Información del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló lo que supone un engaño más a todos
los mexicanos, éste por parte del ex presidente Ernesto Zedillo, quien en su
momento dio a conocer a la opinión pública una presunta renuncia al beneficio
económico, pero al realizar las solicitudes de información a la Secretaría de
Hacienda y la Presidencia de la República, la respuesta fue la inexistencia de
la renuncia así como de la respuesta a dicha renuncia, lo cual constituye una
simulación más del poder.
Villanueva fue acompañado en la presentación, además de su coautora Hilda Nucci
González por los investigadores Jorge Fernández Ruiz, Daniel Márquez Gómez y
Edgar Corzo Sosa, quienes argumentaron a favor de la obra que se encuentra por
el momento en las librerías de la UNAM.
En su momento, Hilda Nucci dio a conocer lo siguiente: “De conformidad con el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011-2012, la pensión que recibe un
ex Presidente es de $ 205 mil 122.06 pesos (equivalente al salario mensual de
un Secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que agregar la cantidad
de $ 4 millones 799,999.00 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, un
ex Presidente percibe ingresos mensuales que ascienden a $ 5 millones 005, 121
pesos”.
La coautora destacó que además de ser ilegales estos beneficios porque el
Acuerdo Presidencial núm. 7637, registrado con fecha 25 de noviembre de 1976 ni
en el Acuerdo Presidencial núm. 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, como tampoco
el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, del 16 de enero de 2004 fueron
firmados por los entonces presidentes de la República Luis Echeverría, Miguel
de la Madrid y Vicente Fox y mucho menos fueron publicados en el Diario Oficial
de la Federación; por tanto, son carentes de toda obligatoriedad para el Estado
Mexicano. Es decir, se trata de ordenamientos discrecionales y, por tanto, su
carácter es ilegal.
El resultado de estas cifras implica que los ex mandatarios mexicanos cobran
mensualmente 500 por ciento más que el segundo país con estos salarios, como es
Singapur, 600 por ciento más que Suiza y más que Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, Chile,
Italia, Francia, Perú y Dinamarca, entre otros, explicó Nucci González.
Jorge Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del
Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, agregó que los beneficios o privilegios desvelados por esta investigación
sin precedente demuestran que “además del atraco a la igualdad se está creando
una sociedad muy exclusiva, la de los ex mandatarios que se suma a las de los
países que tienen gobierno monárquico, pues se convierten en Jefes de Estado
vitalicios, con privilegios hereditarios desmedidos por encima del artículo 12
constitucional”.
Daniel Márquez Gómez coincidió que todos estos privilegios ocurridos en pleno
Siglo XXI se deben a la escasa masa crítica y que la socialización del
conocimiento en estos temas cumple tareas meramente testimoniales; es ahí donde
radica el gran problema de la impunidad en este país. “Parece ser el referente
básico de la acción pública en el país: se puede violar la ley, se puede
documentar, podemos señalar a los responsables y todo se queda en el escándalo
del noticiario matutino, en la primera plana de algún periódico y quizá en el
recuerdo de algún académico que en algún momento tendrá que recordar esto para,
posiblemente, escribir un libro como éste”.
Por su parte, Edgar Corzo dijo que si tuviera que escoger una frase del libro,
“me quedaría con aquella que contrasta los beneficios vitalicios a favor de una
persona con un cargo que no pasó más allá de seis años” porque con seis años
“se asegura la vida no sólo de una familia, sino de varias generaciones; en
cambio, una persona podrá haberse dedicado toda su vida a ser profesor e,
incluso, pudo ser que haya corrido con suerte y fuera nombrado comisionado por
la primera maestra, pero si no estuvo en el lugar correcto, no asegurará el
resto de su vida ni el de varias generaciones y sólo tendrán para comer
mendrugos”.
Finalmente todos los participantes en la presentación coincidieron en que es
urgente la movilización social que urja la creación de un marco normativo legal
para otorgar beneficios de acuerdo con el estado del país, de sus finanzas y
acorde con el servicio prestado, pero lejos de los privilegios exacerbados
existentes hoy.
