Jaime
Irra Carceda
*
Las insolencias de Zeferino
Más allá del lenguaje majadero, insolente, bajuno con
el que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se ha
expresado en las últimas horas contra el actual mandatario estatal Angel
Aguirre Rivero, en respuesta a que esta misma presente administración ha
encontrado evidencias para inhabilitar e incluso fincar responsabilidades a
quienes fueron importantes funcionarios del sexenio anterior, habría que dar
elementos para sostener que ese ex jefe del ejecutivo de Guerrero “tiene las
nalgas cagadas” y pretende curarse de enfermedades terribles en un hombre
público: la corrupción, la impunidad, el desaseo administrativo, la
ineficiencia, la simulación y su importamadrismo para atender y subsanar con
sensibilidad, con solidaridad. Porque fue su deber, la problemática que vive la
gente de Guerrero, por decir lo menos. El desaparecido José Francisco
Ruiz Massieu decía que en Guerrero y en el país había caciques malos,
pero también buenos. Cuando aludía a estos últimos se refería al clan, que no
dinastía, de los Figueroa. Los hechos sobre este tema demuestran que aquel
hombre estaba equivocado. Tal caciquismo era y es perverso. Y mientras son
peras o son manzanas, refiero ahora que la irrupción de Torreblanca Galindo en
la escena pública de Guerrero es la clásica actitud del sinvergüenza contumaz
que luego de que se le ha exhibido como tal durante los ocho meses que lleva el
Gobierno de Aguirre, ahora pretende pasar como el ejemplo de lo impoluto.
El deber de Aguirre Rivero, “ocurra lo que ocurra y trátese de quien se trate”, es fincar responsabilidades a quienes en la pasada administración estatal incurrieron en actos de corrupción, como el tal Z no lo hizo con el gobierno que lo antecedió y que encabezó René Juárez Cisneros y al que amenazó con aplicar líquidos exterminadores para acabar “con las ratas de dos patas”, con esos depredadores del erario que, efectivamente, abundaban y que hoy se ríen de los guerrerenses con las alforjas repletas de dinero.
El Gobierno Federal canceló el Tianguis Turístico de Acapulco porque Torreblanca Galindo se negó a certificar las corporaciones policiacas estatales y propició la corrupción de estos cuerpos de seguridad pública, acusó el 9 de noviembre de este año el senador panista Federico Döring.
Cuando apenas habían transcurrido tres meses del zeferinismo comenzó la ofensiva criminal precisamente en Acapulco, cuando fue asesinado José Rubén Robles Catalán, el ex secretario general de Gobierno en el fallido sexenio de Rubén Figueroa Alcocer, y a partir de ahí se inició toda la marejada de sangre que, por fortuna hasta ahora parece disminuir gracias, precisamente, a que se ha iniciado en serio la depuración policiaca estatal y a que se ha tomado en serio el operativo Guerrero Seguro que se desarrolla en coordinación entre el gobierno de la República (Sedena, Marina y la Policía Federal), los Ayuntamientos y el del estado.
La opinión pública conoce de sobra el clima de terror, de zozobra y hasta de paranoia que Guerrero vivió durante el zeferinato, régimen en el que en nuestra entidad fueron asesinados nueve periodistas, de acuerdo con el último informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la ONU, registro que fue dado a conocer apenas el primero de noviembre pasado.
En la administración zeferinista cobraban, nada más en la Secretaría de Salud, más de 500 aviadores y, para acabarla de amolar, una empresa presentaba mensualmente facturas por 14 millones de pesos como pago por administrar la nómina, según dijo Alejandro Mendoza Pastrana, actual sub director de recursos humanos en esa dependencia. Habría que escribir todo un tratado sobre lo que ocurrió en el zeferinato, pero nuestra sociedad sabe bien el resultado. Ahora el tal Z pretende defender lo indefendible. Su actitud corrupta, ineficiente, ineficaz, insensible, torpe y soberbia en su máxima expresión nos llenó de coraje y a la vez de impotencia ante un gobernador al que Guerrero le valió madre.
Y Aguirre Rivero tiene la obligación de actuar con valentía y perseguir con todo el peso de la Ley a todo aquel funcionario zeferinista que haya saqueado las arcas públicas, que haya incurrido en omisiones criminales o en comisiones delictivas que ofenden a los guerrerenses, pero también tiene el deber de presentarnos buenas cuentas. Ya llegará el día en el que la balanza se incline para algún lado. filomayor2011@hotmail.com
El deber de Aguirre Rivero, “ocurra lo que ocurra y trátese de quien se trate”, es fincar responsabilidades a quienes en la pasada administración estatal incurrieron en actos de corrupción, como el tal Z no lo hizo con el gobierno que lo antecedió y que encabezó René Juárez Cisneros y al que amenazó con aplicar líquidos exterminadores para acabar “con las ratas de dos patas”, con esos depredadores del erario que, efectivamente, abundaban y que hoy se ríen de los guerrerenses con las alforjas repletas de dinero.
El Gobierno Federal canceló el Tianguis Turístico de Acapulco porque Torreblanca Galindo se negó a certificar las corporaciones policiacas estatales y propició la corrupción de estos cuerpos de seguridad pública, acusó el 9 de noviembre de este año el senador panista Federico Döring.
Cuando apenas habían transcurrido tres meses del zeferinismo comenzó la ofensiva criminal precisamente en Acapulco, cuando fue asesinado José Rubén Robles Catalán, el ex secretario general de Gobierno en el fallido sexenio de Rubén Figueroa Alcocer, y a partir de ahí se inició toda la marejada de sangre que, por fortuna hasta ahora parece disminuir gracias, precisamente, a que se ha iniciado en serio la depuración policiaca estatal y a que se ha tomado en serio el operativo Guerrero Seguro que se desarrolla en coordinación entre el gobierno de la República (Sedena, Marina y la Policía Federal), los Ayuntamientos y el del estado.
La opinión pública conoce de sobra el clima de terror, de zozobra y hasta de paranoia que Guerrero vivió durante el zeferinato, régimen en el que en nuestra entidad fueron asesinados nueve periodistas, de acuerdo con el último informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la ONU, registro que fue dado a conocer apenas el primero de noviembre pasado.
En la administración zeferinista cobraban, nada más en la Secretaría de Salud, más de 500 aviadores y, para acabarla de amolar, una empresa presentaba mensualmente facturas por 14 millones de pesos como pago por administrar la nómina, según dijo Alejandro Mendoza Pastrana, actual sub director de recursos humanos en esa dependencia. Habría que escribir todo un tratado sobre lo que ocurrió en el zeferinato, pero nuestra sociedad sabe bien el resultado. Ahora el tal Z pretende defender lo indefendible. Su actitud corrupta, ineficiente, ineficaz, insensible, torpe y soberbia en su máxima expresión nos llenó de coraje y a la vez de impotencia ante un gobernador al que Guerrero le valió madre.
Y Aguirre Rivero tiene la obligación de actuar con valentía y perseguir con todo el peso de la Ley a todo aquel funcionario zeferinista que haya saqueado las arcas públicas, que haya incurrido en omisiones criminales o en comisiones delictivas que ofenden a los guerrerenses, pero también tiene el deber de presentarnos buenas cuentas. Ya llegará el día en el que la balanza se incline para algún lado. filomayor2011@hotmail.com
