El
Fiscal Superior, Rurik Medina Tapia, adjunto de la Segunda Fiscalía Superior
Penal Nacional, ha solicitado 25 años de pena privativa de libertad, y
formulado acusación penal contra Andrés Egocheaga Salazar y el teniente Jorge
Luís Rabanal Calderón, este último aún en actividad, así como a los miembros de
la patrulla “Aries”, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez, por su
participación directa en la ejecución del menor.
Durante
el juicio oral se ha demostrado que Egocheaga Salazar estuvo a cargo del
operativo que acabó con la vida del menor, y fue tal su rol activo que él mismo
le roció gasolina por el cuerpo; en tanto que el oficial de Mar (OM) Guido
Spencer Dávalos –quien tiene calidad de reo ausente– le prendió fuego. Ese acto
le ocasionó al menor Pomatanta quemaduras en el 65% de su cuerpo, y eso causó
su muerte. Por esa razón, ambos son considerados como coautores por el
Ministerio Público.
En
el caso del marino Jorge Rabanal Calderón se ha demostrado su responsabilidad
porque estuvo a pocos metros del asesinato, y no obstante en su condición de
oficial de esa institución castrense, no realizó acción alguna ni menos impidió
que se queme vivo al menor de edad. Por esa razón, es considerado cómplice
primario del delito de asesinato y la Fiscalía también pide para él 25 años de
pena privativa de libertad.
Cabe
indicar, que en el transcurso del juicio, la parte civil sostuvo que el crimen de
Pomatanta no puede ser considerado como un hecho aislado, producto del “exceso
de algunos oficiales” –como han postulado los abogados de la Marina– sino que,
por el contrario, éste se perpetró en el marco de una política de Estado
caracterizada por una práctica sistemática y generalizada de graves violaciones
a los derechos humanos.
La
preocupación de la defensa de los familiares de la víctima, radica en que el
Tribunal de la Sala Penal Nacional conformado por Ricardo Broussett Salas,
Clotilde Cavero Nalvarte y Teófilo Salvador Neyra, pretendan excluir de
responsabilidad a la mayoría de los acusados bajo el argumento de que no
cometieron materialmente el crimen, a pesar, de que se ha demostrado que no
solo estuvieron presentes en el lugar de los hechos a una muy corta distancia
sino que brindaron seguridad y de esa manera garantizaron que el crimen se
ejecute.
A todos los procesados, la
Fiscalía les exige una reparación civil de S/. 2’000.000.00 (dos millones de
nuevos soles), que deberán pagar en forma solidaria junto con el Estado, como
tercero civil responsable.
La Sala Penal Nacional presidida por el Dr. Ricardo Broussett Salas emitirá
sentencia este lunes 10 de octubre a las 5.30 pm (Av. Uruguay 145 – Cercado de
Lima).
El
crimen:
La
madrugada del domingo 2 de abril de 1995, en la localidad de San Alejandro
(Ucayali), integrantes de la patrulla “Aries” ingresaron al domicilio de la
familia Pomatanta Albarrán para interrogar a Indalecio Pomatanta, de 17 años.
Luego
de eso, los militares tomaron tres galones de gasolina y procedieron a rociarle
todo el cuerpo con el combustible y, en seguida, prenderle fuego. El menor
terminó en el hospital por las graves quemaduras, pero a los pocos días murió.
Antes de fallecer, en una entrevista televisiva, Pomatanta reveló los nombres
de quienes lo ultimaron.
