Rosario García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo,
Gro., septiembre 21 del 2015 (NOTYMAS).- A
pesar de ser cuestionado el gobernador Rogelio Ortega Martínez por la
liberación anticipada de varios "presos políticos" el pasado 15 de
septiembre, éste insistió en que hubo respeto al debido proceso por parte del
poder judicial y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
El mandatario
estatal explicó que no solo fue una decisión del ejecutivo, sino que se tomó de
manera coordinada con los jueces y magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, aunque de manera extraoficial se sabe que no fueron tomadas en cuenta
las opiniones de los magistrados, y no se consideró la protección a las
víctimas.
En ese sentido,
cabe destacar que entre los liberados se encuentran Tomas de Jesús Barranco,
sentenciado a 40 años de presión por homicidio calificado y terrorismo; Raúl
Manzanarez Navarrete, también por homicidio calificado y con una condena de 31
años; por el mismo delito además de lesiones, Francisco Cristino Crescencio con
30 años de pena; al igual que José Antonio Morales Nicolás quien purgaba una
condena de 35 años de prisión.
Una mujer fue
beneficiaria de la preliberación y se trata de María Elena Mesino Parra,
condenada a 40 años por los delitos de secuestro, homicidio calificado y contra
las normas de inhumación y exhumación; otro beneficiado fue Ismael Padilla Nava
quien enfrentaba cargos de secuestro y estaba condenado a 34 años de cárcel, y
Miguel Espinoza Catalán preso por homicidio y con 27 años de prisión, entre
otros.
En una entrevista
al respecto, la presidenta de la comisión de gobierno del Congreso de Guerrero,
Flor Añorve, consideró que con las decisiones del ejecutivo estatal se pudo
haber violado el derecho de las víctimas, toda vez que entre los beneficiados
con la libertad anticipada se encuentran un hombre y una mujer acusados de
secuestro.
Agregó que con las
preliberaciones el gobernador Rogelio Ortega “sufrirá las consecuencias si no
está de manera legal ejerciendo esta facultad”, además de que habían sido
encarcelados por delitos graves y no tenían derecho a ningún beneficio.
Dijo también que el
gobernador de Guerrero podría ser objeto de responsabilidad oficial, y pudo
haber atentado contra el derecho de las víctimas.
Con anterioridad el
mandatario estatal había enviado al Congreso la iniciativa de Ley de Amnistía,
pero los legisladores que recientemente salieron no apoyaron esa iniciativa por
considerar que estaba plagada de ambigüedades y no se consideraba protección a
los víctimas.
En los pasillos del Congreso local hay quienes dicen
que el gobernador Rogelio Ortega determinó liberar a los presuntos presos
políticos o de conciencia, al no prosperar la iniciativa de Ley de Amnistía que
envió a la anterior legislatura. (NOTYMAS)