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El contador Antonio Ríos Sayago,
originario del municipio de Tecpan de Galeana es actualmente el secretario de finanzas del ayuntamiento de
Acapulco considerado por la población de aquel lugar como uno de los más
eficientes colaboradores del alcalde Luis Walton Aburto por su seriedad y
honestidad que tiene en su larga trayectoria profesional (Foto: Juan Alberto de la O Hernández).
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viernes, 19 de octubre de 2012
miércoles, 17 de octubre de 2012
Recibe Luis Walton en presidencia representante del banco mundial y especialista en agua
Acapulco,
Gro., octubre de 2012. El presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto recibió en
privado en sus oficinas al representante del Banco Mundial y especialista en
agua, Charles Delfieux, donde dialogaron sobre proyectos que requiere el puerto
para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, informaron al finalizar
el encuentro.
La visita al puerto y a las oficinas de la
presidencia, que hizo Charles Delfieux al medio día de hoy, fue gestionada por
el regidor del cabildo, Eduardo Cueva, con quien posterior a la mesa de trabajo
lo acompañó a un recorrido por distintos puntos de Acapulco y el especialista
conociera la bahía, así como sus mantos acuíferos.
Durante la entrevista a reporteros, el alcalde de la
ciudad dio a conocer que la visita del Especialista en Agua y
representante del Banco Mundial para la Búsqueda de
Financiamiento y Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a
las Bahías y sus Mantos Acuíferos Adyacentes, Charles Delfieux, fue para
realizar un diagnostico del problema de la red de agua potable y alcantarillado
en el municipio de Acapulco.
Y agregó que el Banco Mundial ofrecerá un proyecto a
largo plazo que permitirá ayudar de manera técnica los problemas
del puerto.
Ya se realizó una visita a CAPAMA, posteriormente se
hará un recorrido no sólo en la parte costera, sino en las partes de
mayor necesidad de abastecimiento de agua de la ciudad, indicó Luis Walton al
precisar que “toda ayuda técnica o económica del Banco Mundial, vendrá a ayudar
a resolver parte de los problemas de Acapulco”.
En su oportunidad, Delfieux destacó que su primer
visita al puerto, consistió en realizar un diagnostico sobre la calidad de los
servicios de agua potable, y en base a ello, realizar un proyecto que permita a
largo plazo contribuir en el mejoramiento tan esencial para los acapulqueños
como es el agua potable.
Walton Aburto coincidió con el especialista en agua y representante del
Banco Mundial, Charles Delfieux al señalar que buscarán mecanismos para
desarrollar proyectos que permita ampliar relaciones de trabajo y de
conocimiento a fin de eficientar los servicios.
PEÑA NIETO Y LA VUELTA AL PASADO
Artículo
Editorial (*)
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., octubre de 2012
En semanas pasadas apunté en este espacio la pertinencia y oportunidad de que Enrique Peña Nieto privilegiara la transparencia como una iniciativa inicial. Hoy, el texto de su proyecto de iniciativa contiene una serie de pasos dirigidos a mutilar los avances que se han alcanzado. Veamos por qué.
Primero. Es natural que la transparencia venda, y bien, de cara a la opinión pública y de la sociedad política. Todo mundo coincide en el qué. Lo más importante, empero, es el cómo. El proyecto de iniciativa de EPN en la materia carece de un hilo conductor sólido entre la exposición de motivos y el contenido de la propuesta de reforma. Dice defender el federalismo para justificar el centralismo. Resalta el lugar común y la retórica sobre los argumentos técnico-jurídicos. Propone modificar el artículo 6º constitucional, estableciendo de entrada en su apartado b): “El Estado contará con un organismo especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales…”. Los asesores de EPN no saben diferenciar los conceptos de órgano y organismo. El primero generalmente tiene mayores espacios de independencia, mientras que el segundo existe en función de una secretaría que coordina un sector. Al mismo tiempo, la propuesta echa por la borda a los órganos garantes previstos en el constitucionalismo local.
Agrega que: “El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la ley”.
Esta propuesta admite varias lecturas, todas ellas ajenas al interés público: a) Control político sobre lo que es público y aquello que no lo es. No hay mejora alguna del sistema actual; antes bien, genera tres instancias posibles para ejercer el derecho a saber, recurso de revisión de órganos garantes de las entidades federativas o de los Poderes de la Unión, recurso ante el IFAI y el amparo. Se garantiza que, en el mejor de los casos, para el acceso a la información se pase de 90 días promedio a 120, lo que constriñe el derecho a saber; b) No hay justificación que permita un mínimo de razonabilidad en el proyecto porque se propone un sistema idéntico de diseño institucional que el que se busca reemplazar. ¿Cómo se puede argumentar que trasladando la decisión de qué es público y qué no lo es de la periferia al centro es mejor pero se? Por sentido común, una reforma debe implicar pasar de A a B, no de A a A.
Segundo. El proyecto propone eliminar el principio de definitividad que se encuentra en la ley federal, en disposiciones constitucionales y en el criterio reiterado de la SCJN, aunque disfraza mal su propósito: “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del gobierno o los presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”.
Esa redacción deja en la indefensión a la sociedad, por las razones siguientes: elimina la definitividad al establecer el principio y al mismo tiempo sus excepciones. Hoy no hay excepción alguna. E introduce conceptos jurídicos indeterminados, como “seguridad nacional”, “alta probabilidad”, etcétera. Lo anterior significa que el derecho a saber esté sujeto a una interpretación casuística. Se pretende que el artículo 6º constitucional establezca: “El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría…”.
La propuesta no tiene asideros doctrinales que la justifiquen, toda vez que: a) Lo que hace es trasladar el poder de decisión del derecho a saber de la periferia al centro, sin garantía alguna; b) Se propone consolidar la injerencia del presidente de la República a costa de la influencia de los gobiernos locales. Esa búsqueda de recuperar espacios del presidente, en este caso, lastima el derecho a saber de los gobernados, y c) La conformación del “organismo” garante con siete comisionados en lugar de cinco, como está actualmente conformado, no tiene explicación, justificación o defensa de idoneidad en la exposición de motivos, aparte de que la cantidad jamás ha sido sinónimo de calidad.
Tercero. No hay duda de que el camino a la transparencia tiene grandes oportunidades de mejora, pero no es con un salto al pasado como se pueden aprovechar. En el nivel primario de la ciencia se encuentra lo que se denomina “ocurrencia”, que el diccionario de la RAE define como “idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación”; y es eso lo que presenta EPN como primicia de su tónica de gobierno: recuperar espacios perdidos, en este caso a costa del derecho a saber.
Mi propuesta de contenido es, por el contrario, la siguiente: a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia.
Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. O, en todo caso, otórguese esta atribución al PJF con jueces de derecho, especializados, independientes, que retomen el principio de amigabilidad del derecho. Sería gravísimo que ese proyecto se apruebe en sus términos porque antepone la ventaja política sobre las instituciones, el afán de poder de EPN sobre el derecho a saber que se ha ganado en México con todo y sus limitaciones.
E-mail: evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Blogger: ernestovillanueva.blogspot.com
Este artículo editorial fue publicado en la edición 1876 del Semanario Proceso.
No gusta a muchos, iniciativa que sanciona a diputados que no regresan a sus distritos
Julio
Ayala/NOTYMÁS
Chilpancingo,
Gro., octubre de 2012 (NOTYMAS). La propuesta de sancionar a los diputados que
no regresan a sus distritos para atender a sus representados, no gusta a muchos
legisladores, reconoció su promotor, Ángel Aguirre Herrera; sin embargo, dijo
que la nueva realidad se impone y en consecuencia es una exigencia que los
representantes populares regresen a visitar a quienes le dieron el voto.
Dijo que como parte de una nueva generación
de políticos, “hay que cambiar las cosas”, de tal forma que la propuesta de
referencia es una de muchas que exige la realidad actual.
Herrera Aguirre, diputado por el distrito 07 dijo
que la iniciativa que recientemente presentó al pleno del Congreso local busca
que los representantes populares regresen a sus lugares de origen, pues es una
crítica constante de que nada más ganan la elección y nunca más se les vuelve a
ver, sino hasta la siguiente elección.
Por eso, y porque los diputados deben cumplir
los compromisos que hicieron con sus electores, en el asunto de la gestión
social, es imperativo que se obligue a los legisladores regresar a los pueblos,
o de lo contrario se les multe en su salario si no regresen a rendir cuentas a
la población que los eligió.
“Es algo que lo viene pidiendo desde hace
muchos años la ciudadanía, y es un buen candado para que el diputado regrese a
su distrito y cambiemos la visión que se tiene de que nada más gana y ya no
regresa ni a agradecer el voto que obtuvo”, puntualizó.
El diputado local por el PRD dijo que la
iniciativa gusta a muchos pero a otros no, porque “les duele el codo, como
dicen”, pero la medida, agregó, forma parte “de lo que queremos venir a
cambiar, como jóvenes, y lo vamos a hacer porque así hicimos el compromiso con
la ciudadanía”.
Herrera Aguirre dijo también que en la parte
de la gestión social que lleva a cabo, busca cumplirles a los guerrerenses,
siempre que esté a su alcance, y cuando no buscará el apoyo del gobierno
estatal.
“Le viene bien a esta legislatura hacer
cambios que modifiquen la historia que se ha venido dando de que el legislador
ni viene aquí (al Congreso) ni va a su distrito” con lo que además se acabará
con el rezago legislativo, concluyó.
(NOTYMÁS)
ENFERMEDAD Y PODER, FAUSTO VALLEJO
Artículo Editorial (*)
(*)
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto
Villanueva
México. D. F., octubre de 2012
En las últimas semanas la realidad se ha convertido en un problema, que cada día es más difícil evadir en Michoacán para mantener un mínimo razonable de gobernabilidad. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha salido para señalar que los comentarios sobre su enfermedad son infundados, razón por la cual, se concluye, no hay nada que investigar. Para desgracia de Vallejo, de los michoacanos y de la sociedad en general las cosas son más complejas. Veamos.
Primero. Parece haber consenso, al menos no hay una opinión en contra, de que un requisito para ejercer un cargo de función pública de alto nivel de responsabilidad, particularmente aquellos de elección popular, es contar con un estado de salud que permita cumplir razonablemente bien ese encargo. En días pasados, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que estaba enfermo de cáncer de próstata y sería objeto de una operación. Lo que hizo el mandatario colombiano fue una atendible estrategia de comunicación política para colocar el tema de su enfermedad como un asunto de interés público debidamente cuidado.
En Michoacán, por el contrario, el pasado se le vino encima al gobierno del Estado. Hábil para gobernar sin mareas en contra y ajeno a todo escrutinio por el acentuado estado de ausencia de alfabetización cívica, Vallejo apuesta a métodos del pasado para hacer frente a asuntos lamentables que pasan por su propia enfermedad como nudo gordiano del debate público fuera del estado y a las “mátalas callando”, dentro de éste. La salud es, en principio, un rubro básico de la vida privada, salvo cuando el interés público es o puede ser afectado como sucede en Michoacán.
A mi artículo en Proceso (“El oasis michoacano” Proceso edición 1868) donde señalé, con documentos en mano, la enfermedad delicada de Vallejo, el silencio-aceptación fue la respuesta. Se apostó a dos cosas básicas: a) Tratar de silenciar el tema y b) Creer que mi texto habría de ser objeto de la desaprobación pública michoacana por meterme en su “vida privada”, la cual, se pensó, tendría un peso mayor que la afectación de los intereses comunitarios. No sucedió ni lo uno ni lo otro. No se trata de complot alguno, sino simple y sencillamente de un caso que debe ser discutido lo más ampliamente posible porque lo padece Vallejo y lo sufrimos todos.
Segundo. La negativa de que Vallejo tenga una enfermedad grave que requiere su reemplazo en el gobierno del Estado, es desmentida una y otra vez por la realidad, incluso desde el ángulo mediático que trasciende el cerco informativo del gobierno del Estado. Las cosas han llegado a convertirse ya en una comedia del absurdo. Si no existieran las redes sociales ni un mundo globalizado, la representación mediática de Vallejo y del gobierno del Estado por los medios locales sería un “oasis”, como el propio gobernador quiere vender la imagen de Michoacán. Más burdo sería difícil.
Paradojas de la vida: los michoacanos pagan cada día más para enterarse menos. Al final del día, lo paga la sociedad entera. En esa misma tesitura es de llamar la atención el manejo discursivo de Figueroa. En todas sus incursiones públicas hace gala de un apretado vocabulario que pone al descubierto un analfabetismo funcional. Lo anterior podría quedarse en la mera anécdota. Por desgracia para todos es tema público. ¿No debe el gobernado contar no sólo con un gobernante sano, sino mínimamente letrado? ¿Tiene Michoacán el gobierno que merece?
Tercero. En el debate público hay tres casos que han sido tratados en mayor o menor medida, el de María Elvia Amaya, Alonso Lujambio y el de Fausto Vallejo. Tienen una línea común: la enfermedad y la función pública. Al mismo tiempo muestran una gran diferencia desde la perspectiva del diseño constitucional para casos donde la muerte ha ganado la partida a la enfermedad. Los dos primeros encuentran una salida rápida al entrar en funciones el suplente en todo momento habida cuenta de que se trata de legisladores federales. En el caso de un gobernador es más complicado. Lo es más en Michoacán donde la partidocracia y el crimen organizado tienen de rehén a las libertades básicas.
Toda decisión tiene costos. El mal mayor es no hacer nada. El mal menor supone privilegiar el bien más protegido, la gobernabilidad, sobre aquello que es prescindible, los costos de cambiar al conductor a media carrera. La eventual salida de Fausto Vallejo del gobierno de Michoacán podría generar costos políticos menores si la renuncia por causa grave (artículo 55 Constitución local) se da en el término de los dos últimos tercios del periodo (artículo 57 segundo párrafo de la Constitución local). Si este hecho ocurre dentro del primer tercio la sociedad tendría que pagar, además, un nuevo proceso electoral con las pérdidas económicas que ello supone (artículo 57 primer párrafo de la Constitución local).
Este debate sería innecesario en dos supuestos: a) Si Fausto Vallejo no hubiera buscado y/o ni hubiera permitido ser candidato a sabiendas de que no podría desempeñar fácticamente el cargo o b) Promueve que se le practique un examen médico por un panel experto de médicos independiente. Si sus proclamas de que goza de cabal salud son respaldadas por un dictamen médico, Vallejo echaría por tierra las afirmaciones de que está impedido para gobernar por cuestiones relativas a su salud. Abriría acaso un nuevo debate sobre negligencia en el ejercicio del cargo que tiene a Michoacán al borde del colapso con varios frentes abiertos.
E-mail: evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Blogger: ernestovillanueva.blogspot.com
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