jueves, 23 de agosto de 2012

Acatará IEEG resolución del TEEG respecto a las diputaciones plurinominales


Jaime García/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS). Pese a las impugnaciones e inconformidades que existe sobre la repartición de las diputaciones de representación proporcional que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), otorgó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien acusan de tener una sobre representación para la siguiente sesenta legislatura, al respecto el presidente del órgano César Gustavo Ramos Castro, sostuvo que actuaron apegados a la legalidad.

Fuerte discusión se armó en la octava sesión ordinaria, realizada este jueves en el IEEG, ello tras la impugnación que interpuso el PRI, por la supuesta sobre representación que tendrá el PRD en la siguiente sesenta legislatura que entrará en vigor a partir del próximo 12 de septiembre.

Por su parte, el representante del PRD en el órgano electoral Ramiro Alonso de Jesús, recordó que el PRI en su momento siempre se llevaba más de la mitad de los diputados y nadie decía nada.

Por su parte Roberto Torres Aguirre representante del PRI, acusó al representante del sol azteca, de desconocer la ley, y solo leer el documento que le entregaron, para que lo hiciera público durante la sesión.

Dijo que la ley de sistemas de impugnación da la libertad y el derecho a los partidos políticos de recurrir a resoluciones emitidas por el TEEG.

Al término de la sesión el consejero presidente del órgano electoral César Gustavo Ramos Castro, sostuvo que en su momento el IEEG, dio a conocer su decisión sobre la repartición de las diputaciones plurinominales.

Indicó que por su parte serán respetuosos de las resoluciones de la argumentación que se está dando ante los tribunales, “y por ello el IEEG no discutirá y acatará la resolución que emita el TEE”.

Finalmente señaló que está convencido que el criterio que utilizó para la designación de las diputaciones plurinominales fue el más correcto. Porque está apegado a derecho y sin ningún sesgo político. (NOTYMAS)

Demandan penalmente a rechazados de la UAG por movilizaciones y bloqueos


Carlos Cabrera/NOTYMAS

Chilpancingo, Gro., agosto de 2012 (NOTYMAS).
Alumnos rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) denunciaron la existencia de dos demandas penales en su contra, por las movilizaciones y protestas que han emprendido en Chilpancingo y Acapulco para exigir espacios en las diversas unidades académicas de la máxima casa de estudios. 

El líder de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), Carlos Iván Ramírez, denunció que la administración central de la UAG sigue renuente ha abrir espacios para los cerca de tres mil alumnos rechazados en las diferentes licenciaturas y unidades académicas. 

Al sostener un encuentro con el Coordinador de Asesores de la UAG, Fernando Jiménez, y el Director Estatal de Gobernación del Gobierno del Estado Moisés Alcaraz Jiménez, el líder estudiantil advirtió que radicalizarán sus acciones de protesta en caso de no encontrar las garantías de ingreso para los alumnos rechazados.

La noche del pasado miércoles unos trescientos alumnos respaldados por sus padres de familia bloquearon por más de una hora la autopista del sol, para ejercer una mayor protesta al rector Asencio Villegas Arrizón  para que cumpla con el artículo tercero constitucional y ofrezcan educación gratuita para todos. 

Iván Ramírez dijo que una de las denuncias penales en su contra fue interpuesta por algunos funcionarios de rectoría, supuestamente por privación ilegal de la libertad a algunos trabajadores durante una protesta, y otra más por el gobierno del estado bajo el delito de bloqueos a vías de comunicación.

Consideró que estas respuestas no abonan en nada al conflicto generado entre la UAG y los alumnos rechazados, sino todo lo contrario, genera enconos y agudiza la problemática y las acciones de protesta que habrán de continuar en los próximos días.

Durante la inauguración de la Feria de la Educación Superior, rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), corretearon e increparon al rector de la máxima casa de estudios, Ascencio Villegas Arrizón, para exigirle que abra espacios para que puedan ingresar a estudiar a varias facultades en la entidad.

Los rechazados protestaron porque el rector había manifestado que ya no hay espacios en la Universidad Guerrerense para que entren a estudiar y que falta presupuesto para ampliar la matrícula, por tal motivo le gritaron insultos como "burro", "corrupto" y "atiende a los estudiantes" y "cumple tu obligación". (NOTYMAS)

martes, 21 de agosto de 2012

GUERRA EN LAS ALTURAS


                                                                           México, D. F., agosto de 2012

Por Renato Consuegra / *
Las revelaciones realizadas el pasado sábado por el presidente Felipe Calderón abren paso a probables certezas sobre los ataques hacia funcionarios de su gobierno por parte de grupos del crimen organizado vinculados con la política o de la política, utilizando instrumentos del crimen organizado.

Y no puede ser de otra forma. Los grandes crímenes ocurridos a miembros prominentes y otros no tanto de la clase política, sólo pueden ser crímenes ordenados por la propia clase política, pero ejecutados por delincuentes.

Tal guerra por el poder entre la clase política es precisamente la que tiene al país en un estado de crispación, estancamiento, desasosiego e inmovilidad, que le impide avanzar con la velocidad que sus ciudadanos requieren para forjar un mejor México, porque la pirámide se encuentra dañada y los de abajo no han podido sacudirse el control de los de arriba.

Crímenes políticos siempre hubo en México. De hecho así fue como se trasladaron el poder los generales tras la revolución de 1910, hasta que el Partido Nacional Revolucionario creado por Plutarco Elías Calles tras el asesinato de Álvaro Obregón, propició la institucionalización de la política y se logró la alternancia acordada entre los grupos y caudillos dentro de un partido.

Pero desde que se acrecentó la lucha por el poder en los últimos 25 años y los vínculos de la política y el crimen organizado fueron más visibles, la matanza de personajes de la vida pública ha ido en aumento.

No quiere decir que no los hubiera, pero éstos se ubicaban preponderantemente a niveles regionales, donde son peleados los cacicazgos políticos y económicos que provocan luchas, incluso, entre familiares.

Desde 1988 hubo crímenes impunes, asesinatos destacados como accidentes o justicia aplicada a chivos expiatorios para saldar las muertes de Francisco Javier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, cercanos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; de Manuel de Jesús Clouthier, quien murió junto con el diputado Javier Calvo Manrique el 1 de octubre de 1989, prensados por trailers cerca de Culiacán. 

Del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993, acribillado por una pandilla en el aeropuerto de Guadalajara; del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado durante su gira proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994; del diputado José Francisco Ruiz Massieu, ultimado en el centro de la ciudad de México el 28 de septiembre de 1994.

Del senador José Ángel Conchello Dávila, quien murió el 4 de agosto de 1998, cuando la camioneta en que viajaba fue embestida por un tráiler en la carretera México-Querétaro; del gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes en un accidente de helicóptero el 25 de febrero de 2005; de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, muerto tras la caída del helicóptero donde viajaba el 21 de septiembre de 2005; de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas asesinado el 28 de junio de 2010. 

El presidente Felipe Calderón sufrió la baja de tres de sus más cercanos colaboradores en accidentes aéreos: el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el secretario técnico para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos, en el avión que cayó en el poniente de la ciudad de México el 4 de noviembre de 2008 y tres años después, el 11 de noviembre de 2011, José Francisco Blake Mora, también Secretario de Gobernación, en otro accidente de helicóptero en Temamatla, estado de México.

El presidente Calderón reveló en marzo de 2007, pocos meses después de haber asumido el Poder Ejecutivo, haber sido víctima de amenazas por emprender la lucha contra el narcotráfico, versión que volvió a recordar durante su fiesta de cumpleaños y fue la nota principal de varios diarios este domingo.

Felipe Calderón le debe a México una explicación de lo que ocurrió durante su sexenio. Del por qué en los meses de la transición de gobierno en 2006, se olvidó de su principal apuesta durante la campaña que fue la promoción del empleo e inició una guerra contra el narcotráfico, una guerra que se libró en las alturas… de la política. 


E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx 
Twitter: @renatoconsuegra 
Facebook: renatoconsuegra 


(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra



NIEGAN PARQUE EÓLICO DE COZUMEL, ESPERAN ACTUACIÓN DE LA PROFEPA


                                                      Reportaje

El predio de 6 mil hectáreas donde se efectuaría el proyecto que fue negado por la Semarnat, deberá ser devuelto por México Power Group al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo


                                                   Cancún, Qna. Roo.,  agosto de 2012

Por Isela Serrano / Luces del Siglo
Lor inconsistencias y violaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del Parque Eólico de Cozumel, proyecto que pretendía instalar 114 aerogeneradores en la isla. 

“Nadie presiona a la Semarnat. No tenemos ningún tipo de compromiso. Quizá desde el punto de vista de generación de energía, el proyecto haya sido buenísimo, pero desde el ambiental no lo era, o no se acreditó que pudiera serlo; en ese sentido no podía ser autorizado”, advirtió la delegada Gabriela Lima Laurents. 

La funcionaria explicó que durante la evaluación realizada por la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, desconcentrada de la Semarnat, se detectó que la zona a impactar está regulada por el POEL que prohíbe la instalación de infraestructura para generar y conducir energía eléctrica, además de que el programa restringe el corte, tala, quema y remoción de vegetación natural, y hubiera afectado un sitio Ramsar, denominado 1921, de manglares y humedales. 

A esto se suma que la compañía promovente no presentó la vinculación de la Norma 022 con el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, ni sustentó que los aerogenerados no propiciarían que una o más especies, algunas incluidas en la NOM-059, fueran declaradas en peligros de extinción. 

También presentó impresiones e inconsistencias en la descripción que impidió a la autoridad ambiental conocer las dimensiones, ubicación y alcance del Parque Eólico. 

La delegada aclaró a Luces del Siglo que la firma México Power Group está en su legítimo derecho de presentar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); sin embargo, la firma deberá considerarse que las prohibiciones de los ordenamientos no son posibles de compensar. 

“Cuando hay una prohibición ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que decir ‘no vamos a retirar o vamos a hacer de tal ó cual manera las estructuras’. Si hay una prohibición expresa en ese sentido, se tendría que volver a negar (la autorización)”, sostuvo. 

Mencionó que es muy importante que la ciudadanía de Quintana Roo sepa si se presenta un proyecto no significa que la Semarnat lo autorice; sino que está sujeto a evaluación, precisó. 

“Hubo muchos comunicados, manifestaciones, solicitudes y cartas. Parecía que se daba por hecho que el Parque Eólico de Cozumel se iba a autorizar. Precisamente el trabajo de la dependencia es determinar si es ó no viable dentro de los ordenamientos aprobados por el municipio”, dijo. Mencionó que la ciudadanía puede sentirse confiada de que la autoridad ambiental actuará. 

Inicia tiempo de rescisión del contrato… 

Luces del Siglo reveló, en su edición 465, un contrato de Usufructo celebrado entre Claudia Romanillos Villanueva, en carácter de directora general del IPAE y los señores John Douglas Prock Barron y Adolfo González Espinosa, representantes de la compañía México Power Group; quienes constituyeron una sociedad anónima de capital variable para la operación del Parque Eólico. 

El documento, firmado el 29 de septiembre de 2011, establece que la empresa debía iniciar las obras de construcción en un plazo máximo de 180 días posteriores a la fecha en la que obtuviera las autorizaciones; sin embargo, dada la negativa de la Semarnat, inicia el tiempo de rescisión del contrato. 

La Cláusula Décima Tercera. Rescisión, inciso (III) establece: “El requerimiento de devolución de la posesión de los inmuebles y el plazo en el que deberá hacerlo, no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del requerimiento de devolución, para que el usufructuario realice la entrega de los mismos”. 

El documento, de 24 hojas, estipula que “transcurrido dicho plazo, e independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer, consiente y autoriza que el IPAE entre en posesión inmediata de los mismos y renuncia expresamente al ejercicio de cualquier acción penal, civil o de cualquier otra naturaleza contra el IPAE, sus representantes, apoderados, funcionarios, servidores públicos y, en general de cualquiera de sus empleados por tal situación”. 

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), comandada por Guy Adrián Piña Herrera, delegado en Quintana Roo, deberá responder ante las denuncias interpuestas contra la empresa, que colocó torres de monitoreo y abrió caminos sin contar con las autorizaciones correspondientes y sí efectuar cambios de uso de suelo sin autorización, máxime tratándose de terrenos forestales con especies protegidas. 

Otro polémico proyecto 

La delegada de la Semarnat, puntualizó sobre el proyecto del Dragon Mart, Cancún: “No tenemos conocimiento del tema. Según lo que se ha manifestado, el proyecto se realizaría sobre un terreno de sascabera; éstos son zonas ya impactadas y como tales, requieren la autorización no del gobierno federal, sino del gobierno del estado. 

“La empresa china no nos ha consultado en la Semarnat”, manifestó. Una persona aparentemente que sabe donde se va a realizar el proyecto me informó del sitio, en ese caso, al ser zonas impactadas, la Semarnat no tendría ingerencia. 

APUNTE: La delegada Gabriela Lima Laurents confirmó que la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la autorización del “Parque Eólico de Cozumel”, fue analizada y rechazada por las oficinas centrales de la dependencia a la compañía México Power Group. 

FRASE: “Hay negociaciones privadas. No tenemos ingerencia en ellas. Ni las conocemos. Eso es algo que la empresa tendría que ver con el gobierno del estado. Nosotros nos sujetamos a los ordenamientos que la Ley nos obliga a tomar en cuenta para emitir un resolutivo”: Gabriela Lima Lautents al referirse al contrato firmado entre México Power Group con el IPAE.
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BANAMEX ESCÁNDALO DE LAVADO Y CONTRATOS


                                           Contracolumna
                                                                             
                                                                  
                                                                       México, D. F., agosto de 2012
Por José Martínez M. (*) 
Le toca el turno a Banamex, después de los escandalosos casos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, la cadena trasnacional de supermercados Wal Mart, el banco HSBC y hasta el Melate, la empresa de juegos y sorteos a cargo del gobierno donde se gestó un enorme fraude en detrimento de la institución y sus consumidores. 

De acuerdo a informes confidenciales el Banco Nacional de México (Banamex) considerado como el banco número uno del país se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la República por delitos de la lavado de dinero, asignación de contratos en detrimento de la propia institución financiera por parte de ejecutivos desleales, así como un manejo discrecional de información de cuentahabientes que podría poner en riesgo sus ahorros e inversiones.

En el centro de este escándalo se encuentra Eduardo Moncada responsable de Vendor management subsidiaria de Banamex. Moncada es la punta de la madeja de un grupo de ejecutivos del Banco Nacional de México quienes deciden básicamente a qué proveedores se selecciona para hacer trabajos de desarrollo de software y otros trabajos de sistemas en Banamex.

A ese grupo está vinculado Gonzalo Padilla que trabajó en la empresa consultora Infoware hasta el 2010. De acuerdo a las pesquisas Eduardo Moncada favoreció a Infoware en detrimento del banco durante muchos años y lo sigue haciendo.

En el 2011 presuntamente llegó a un acuerdo con Stefanini (empresa consultora) para recibir una “cuota” por recurso contratado, es así que Stefanini ha recibido un trato preferencial por parte del banco en el último año en todos los proyectos.

Eduardo Moncada de alguna forma lava el dinero que recibe a través de Padilla y sus contactos con Stefanini. 

El asunto podría resultar mucho más delicado toda vez que manejan la base de datos de los cuentahabientes de Banamex de una manera discrecional lo que podría en riesgo no solo las inversiones y ahorros, sino la misma seguridad de miles de clientes de esa institución bancaria.

Donde quiera que uno pone el dedo brota el pus. Es la corrupción que carcome tanto a servidores públicos como ejecutivos del sector privado.

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial seis de cada diez compañías que operan en México admiten que destinan una porción de sus ingresos a pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener algún beneficio.

En ese sentido el Centro de Estudios Estratégicos del Tec de Monterrey ocho de cada diez empresas en nuestro país pagan sobornos para "agilizar permisos" y "corromper a funcionarios" para facilitar la conexión de servicios públicos, mientras que otro ocho de cada diez empresas otorgan dinero para "evitar molestias" de inspectores, mientras que cinco de cada diez empresas “pagan cuotas” para obtener contratos gubernamentales. 

Algunos expertos estiman que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no sólo en compras y obras públicas), lo que representa entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, algo así como el 10 por ciento de los impuestos recaudados.

Banamex no podía sustraerse a este deprimente panorama que ahora pone a esta institución en el ojo del huracán. 

Escándalo tras escándalo la confianza en el país se deteriora.

El escándalo de Néstor Félix Moreno Díaz, exsubdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), envuelto en un proceso penal por enriquecimiento ilícito tras haber recibido sobornos por más de 30 millones de pesos provenientes de empresas estadounidenses que fueron beneficiadas con contratos de la CFE.

Otro escándalo fue el desatado por las revelaciones del New York Times sobre la estela de corrupción de la multinacional cadena de supermercados Wal-Mart que involucró directamente a funcionarios y gobernantes de México en los sobornos por más de 24 millones de dólares a cambio de favorecer en seis años a Wal-Mart con más de 200 permisos, concesiones, licencias y autorizaciones, así como con dos mil contratos. 

Otro más fue el protagonizaron ejecutivos del banco HSBC quienes aceptaron que sus estructuras financieras en México permitió el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo a este expediente HSBC en México, admitió incluso que el banco tuvo que cerrar varias de sus sucursales en puntos del territorio mexicano considerados de alto riego para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ante el incontrolable caudal de corrupción de empleados, ejecutivos y hasta auditores de HSBC –México por parte del narcotráfico, el banco europeo admitió también que intervino para cancelar por lo menos 50 mil cuentas bancarias –que ayudó a abrir- de mexicanos en las Islas Caimán.

Por medio de estas 50 mil cuentas, según el reporte del Senado estadunidense, se sacaron de México más de 2 mil millones de dólares del narcotráfico.

Hoy le toca el turno a Banamex, el principal banco de México.

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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

IFE destina más de 4 mdp en asesores




México. Agosto del 2012. (NOTIMEX). .-El Instituto Federal Electoral (IFE) destinó cuatro millones 477,000 pesos, de noviembre de 2011 a julio de 2012, a 51 personas que “asesoraban y apoyaban” a 5 de los 9 consejeros electorales, afirma el diario Reforma.
Francisco Guerrero tuvo a su disposición a 20 personas, cinco fueron contratados como eventuales y los otros 15 ya tenían una plaza presupuestal en el IFE, que lo ayudaban en sus labores, dice la investigación del periódico.
El asesor de Guerrero que más recursos recibió fue Alejandro Guerrero Monroy, quien percibió 35,000 pesos.
Los consejeros Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa gastaron en nueve meses un millón 350,000 pesos. Su homólogo, Marco Antonio Baños gastó en total un millón 290,000 pesos para dichos servicios.
Los que menos gastaron fueron la consejera Macarita Elizondo, ya que destinó 440,000 pesos adicionales a tres asesores, y Benito Nacif, quien entregó 47,691 a un asesor.
El IFE informó también que Sergio García Ramírez, María Marván Laborde y Lorenzo Córdova no solicitaron este extra.
Los asesores de los consejeros continuarán recibiendo hasta que el Tribunal Electoral califique la validez de la elección. 

Peña Nieto podría reunirse con gobernadores



Hermosillo, agosto del 2012. (EXCELSIOR). .- El virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto, podría reunirse con mandatarios estatales este próximo viernes, según confirmó el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien dijo estar valorando la posibilidad de platicar con éste pero hasta que su victoria sea validada y reconocida por la autoridad electoral.
Cuando se le preguntó cuándo tenía planeado reunirse con Peña Nieto, el mandatario sonorense respondió: "en cuanto se le confirme y valide la elección, yo ya he tenido comunicación con algunas personas a su alrededor, no lo he hecho con él en lo personal, aunque no tengo ningún inconveniente en hacerlo porque Sonora va a buscar ser el mejor aliado de él y vamos a construir una buena relación porque sé que en ese ánimo es cómo le va a ir bien al Estado".
Padrés Elías dijo que sabe que se llevará a cabo este encuentro entre Gobernadores y el virtual Presidente electo, aunque aún no le confirman ni convocan formalmente.
"Sí, se está valorando esa posibilidad, todavía no se confirma pero se valorando esa posibilidad y esperemos que sea lo más pronto posible; ya habrá tiempo para hacerle esa manifestación (de solidaridad) al Presidente electo, porque como les decía yo lo conozco, fuimos Gobernadores juntos y hemos trabajado en algunos temas, estoy seguro que vamos a encontrar muchas coincidencias sobre las cuales trabajar", declaró el gobernador de extracción panista.
Éste aseguró que el líder de Acción Nacional, Gustavo Madero, ha mantenido pláticas con los colaboradores cercanos de Peña Nieto para ponerse a trabajar sobre la misma agenda.