Reportaje
El amor a un hijo es
instintivo y no se limita a cuestiones de género. Mientras los papás tienen que
vencer prejuicios y favoritismos en los juzgados de lo Familiar para lograr
tener la patria potestad, los derechos de los niños se ven relegados por un sistema
jurídico que se rehúsa a tomarlos en cuenta
Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Cancún, Qna. Roo., marzo de 2012. El día en que se llevaron a sus hijas por primera vez, quedó como una marca indeleble en la memoria de Miguel Aguilera. Fue el miércoles 28 de mayo de 2010, a las siete de la mañana. Su hija mayor, Teresa, desayunaba y él preparaba la mamila para la menor de dos años.
Hacía pocos meses que había llegado a Cancún, tras haber concluido un juicio de
patria potestad en Estados Unidos. Fue entonces cuando tocó la puerta un
actuario del DIF y un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) para tomar en resguardo a sus dos hijas en el Centro de Atención Temporal
de Benito Juárez, en la que estuvieron recluidas más de 20 meses.
Desde entonces, Miguel Aguilera emprendió una cruzada por recuperar a sus hijas
en la que lleva ya cuatro años luchando en los juzgados de lo familiar de
Cancún. Para este fin, se dio a la tarea de crear la asociación civil Padres en
Rescate de sus Hijos, la cual da asesoría jurídica a papás, en su mayoría
hombres, que buscan recuperar la patria potestad.
El padre se encuentra en un intrincado procedimiento legal para que el juez primero de lo familiar le permita quedarse con sus hijas. Sin embargo, en un revés dramático, en enero, la madre logró ejecutar la custodia de las menores, que ganó desde 2010 en Estados Unidos, y las sacó del país en colaboración con la SRE.
“Ya interpuse una denuncia ante la Procuraduría General de la República porque no es justo lo que están haciendo aquí, la madre no se había preocupado por mis niñas. He tomado los caminos legales y no puede ser que se las den a ella cuando yo estuve al pie del cañón con las niñas”, acusa con lágrimas de impotencia el padre afectado.
Con gran precisión en los datos que ofrece, lo cual denota las horas de estudio que se ha llevado en marcos jurídicos y constitucionales, acusa que los juzgados en materia familiar han bloqueado todo el tiempo la carta que impugna la decisión de la juez en México y se han negado a darle validez al deseo de su hija mayor de vivir con su padre.
Nashieli Ramírez, activista social en cuestiones de infancia y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asegura que en México la legislación en esta materia no toma en cuenta la opinión de los niños, por lo cual, se vuelve una arena de discusión entre adultos en donde los niños pasan a segundo plano.
La problemática del sistema jurídico mexicano, pese a haber firmado el tratado relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, no tiene un proceso donde se marquen tiempos límites para los juicios de patria potestad y esto permite que los niños queden a la deriva si se interponen recursos legales como amparos e impugnaciones a las resoluciones.
La fundadora de la asociación civil Ririki Intervención Social, especializada en temas de derechos humanos y niñez, ve como una agresión a los derechos de los menores su reclusión en los centros de atención temporal.
“Paradójicamente el Estado no tiene un seguimiento ni una supervisión efectiva. No se sabe a ciencia cierta si están en un lugar donde están protegidos o si están en un lugar donde están maltratados”, sentencia.
Miguel Aguilera recrimina que la ciudadanía necesita buenos jueces que no vean a un niño como un expediente o un número, sino que lo vean como un ser humano. “Tienen que capacitar a los jueces y tienen que hacerlos más humanos, con talleres de derechos humanos”.
Pese a las reformas constitucionales de 2010, que apelan al “interés superior del niño en las decisiones de los juzgados”, Nashieli Ramírez ve que los jueces no están capacitados para hacer cumplir estas nuevas disposiciones en materia de protección al menor. “Esto habla que estamos tratando de mover instituciones que se manejan mucho como en el siglo XIX” agrega.
En este mismo punto, Tirso Esquivel, abogado y ex visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, refiere que es importante poner sobre la mesa una reforma jurídica para que un juicio se resuelva en un plazo no mayor a dos meses. Además de la creación de centros de convivencia para que el DIF no tome los casos de custodia o patria potestad, debido a que éste no tiene capacidad para manejarlos.
Padres al Rescate
En este momento, la asociación lleva ocho casos y cuenta con talleres y asesoría psicológica gratuita para los padres varones que enfrentan el delicado proceso legal de divorcio y separación. Miguel Aguilera explica que la organización ayuda a padres que, como él, desconocen los marcos jurídicos y los han tenido que aprender “a golpes” y en la práctica.
Un caso similar es el de Hugo Gómez, originario de Durango, quien hace tres años se amarró en el asta de la bandera del Zócalo de la ciudad de México para que atendieran su caso y le permitiesen recuperar a su hija que está en estos momentos en custodia de la abuela en Cancún.
Hugo Gómez llegó de su estado natal siguiendo la pista de su hija hace dos años, y con tristeza se dio cuenta que su demanda para recuperar la custodia de su hija sigue en los juzgados familiares sin que tenga para cuándo resolverse. Mecánico de aviación de la Armada de México retirado, comenta que dejó todo para buscar a su primera y única hija, que ahora tiene nueve años.
“Todos mis negocios los dejé en mi ciudad, ahora estoy aquí a expensas del trabajo que me den mis amigos y haciendo trabajos temporales mientras peleo por recuperar a mi hija”, dice.
Lo más que ha logrado conseguir, son visitas asistidas en el DIF cada 15 días de 45 minutos. Sin embargo, asegura que para él no es suficiente y tiene que contrarrestar también el resentimiento que su hija generó contra de él tras los años de ausencia.
“Cuando yo le platico algo a la niña a la siguiente visita ya se le olvidó. La niña me dice que no me conoce y que no se quiere ir conmigo, me reclama que por qué hasta ahora la busco”, manifiesta.
Luis Edwin Galicia es miembro de la asociación y también busca recuperar a su hija. Enfrenta un divorcio necesario y acusa que siempre hay un favoritismo hacia las madres. “Como padre es muy difícil pelear contra el sistema”.
Estuvo tres años sin poder ver a su hija y hasta noviembre de 2010 pudo tener una visita en el DIF para convivir con ella. Mientras muestra videos en los que juega con su hija durante la visita, asegura que a lo mucho suman 12 horas las que ha estado con ella.
“Estos tres años sin mi hija han sido desesperantes, no he parado de luchar en el juzgado, muchos me dicen: ‘ya déjala, cásate y haz otros hijos’, pero yo les respondo que no, que yo tengo una responsabilidad con mi hija y estoy peleando la custodia por eso”, explica.
El DIF de intermediario
Ana Luz Ortega Escamilla, directora de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del DIF, explica que casos como el de las hijas de Miguel Aguilera son muy delicados por el entramado jurídico que implican. Su área tiene una coordinación para este tipo de casos que se encarga de llevar la asistencia de los padres de familia para que desahoguen los juicios, sin embargo, ellos no pueden litigar a favor de una de las partes, les corresponde sólo acatar las resoluciones de los juzgados familiares.
La Casa de Asistencia Temporal comienza a ser sobrepasada. El año pasado tenía 30 niños en custodia, ahora no baja de los 50 en promedio. Cuenta con 69 trabajadores, 12 abogados, 18 trabajadoras sociales, 10 psicólogos y un maestro de regularización.
En la Coordinación de los Menores está la Casa de Asistencia Temporal (CAT), trabajan con los menores, pero también con la familia. La mayoría de los niños que llegan a la casa del DIF provienen de contextos de violencia y abandono, es por eso que se busca que se sientan cómodos en el lugar, que se vayan adaptando a la casa, a la convivencia con gente que no es de su familia, y asimilando el proceso de cambio.
Ortega Escamilla explica que la procuraduría está integrada por un equipo interdisciplinario para atender a los menores que están en situaciones de violencia o aquellos que se encuentran en un juicio de custodia.
Los menores primero se valoran medicamente, posteriormente viene la atención psicológica, hay una primera entrevista psicológica, impresión diagnóstica, y se valora el estado mental-emocional del menor, por último, se canaliza a las diferentes áreas del DIF.
En el caso de las hijas de Miguel Aguilera fue un caso de custodia en donde el DIF tuvo que intervenir por solicitud del juez. La procuradora asegura que el papá habría evitado que sus hijas estuviesen 20 meses encerradas en el CAT de haber aceptado la primera resolución de la pérdida de patria potestad.
“Las niñas sufrieron porque tuvieron una estancia prolongada y, debido a que es una casa temporal, los niños y las personas que conocían se iban muy rápido y no tenían estabilidad”, sentencia Ortega Escamilla.
La procuradora asegura que a ella solo le toca recibir un oficio de resguardo y uno de salida de los niños del CAT. En esta ocasión, el juez turnó el oficio de salida y hubo un actuario presente en la entrega de las niñas para hacer una constancia.
APUNTE
El divorcio para el menor
En seis años, el número de divorcios en Quintana Roo aumentó en 100 por ciento, pasando de 921 en 2004 a mil 556 en el 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significaría que de cada 100 enlaces registrados existen 16 divorcios. De los 25 a los 29 años es la edad donde las parejas deciden tener hijos, pero también es la edad en la que detona el mayor porcentaje de rupturas.
En un proceso de divorcio o una separación, los niños ven afectadas sus habilidades sociales y se presenta una baja en su autoestima. La tristeza y depresión es una constante en los niños que llegan al DIF, asegura Saúl García Argote, coordinador del CAT .
El psicólogo refiere que para él, los menores viven atrapados en su presente, por lo cual se debe buscar que no enfrenten el estrés emocional de un contexto violento al momento de una separación.
En esta circunstancia, Carlos Martínez Arroyo, responsable del área de psicología jurídica del DIF, explica que en un evento recurrente es la denominada alienación parental, la cual es cuando un padre influye al menor en contra de la otra parte en conflicto. Esto provoca rencor hacia alguno de sus progenitores.
Es por eso que se debe de tener vigilancia sobre el contacto que tienen los menores con sus padres, pues la alienación afecta muchísimo porque todos los niños en su proceso de crecimiento y desarrollo son esenciales.
“Entonces el niño crece obviamente mal, porque un niño para que crezca necesita a las dos figuras, tanto al papá como a la mamá, estas dos figuras están en tregua”, resume el psicólogo.
