lunes, 20 de febrero de 2012

Por qué el presidente Calderón puede ser enjuiciado



Contracolumna

Por José Martínez M. (*) 
Cancún, Qna. Roo., a 20 de febrero de 2012. El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el primer presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por delitos de lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las drogas. En México también el presidente Calderón podría enfrentar un juicio porque al margen del Senado de la República, su gobierno suscribió un acuerdo bilateral que permite a fuerzas federales estadounidenses actuar armados en territorio mexicano, en violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente Miguel de la Madrid se dio la autorización para que la Agencia Antidrogas (DEA) estableciera equipos de intervención en las bases aéreas de reacción inmediata, ubicadas en territorio nacional, cuatro de ellas establecidas en Mérida, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.

Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno del republicano Calvin Coolidge, el presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su mandato desde la Casa Blanca del 2 de agosto de 1923 al 4 de marzo de 1929. 

Robert Lansing sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”. (America Magazine Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).

En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo La Guerra contra las drogas, la geopolítica y el miedo. En el que se apoya este análisis.

Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el narcotráfico.

Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México, se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del territorio mexicano. 

El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas están “tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México”, y agregó: “Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”. 

No es necesario adivinar los entuertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Contracolumna ha podido establecer cómo desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica cuando Jorge Castañeda se desempeñaba como canciller. 

Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y la Marina, desde agosto de 2010 vienen operando abierta y libremente en territorio mexicano más de dos centenares de agentes estadounidenses de nueve agencias de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona en un edificio ubicado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadounidense.

Dos periodistas de The Washington Post, Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de espionaje del gobierno estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y cómo se extiende hasta México.

El servicio de inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar su eficacia”.

“Los analistas que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidos por los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.

Muchos de esos reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió ubicar la oficina más grande fuera de Estados Unidos, con el mayor número de agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad nacional de la Unión Americana, contando con el apoyo tácito del gobierno del presidente Calderón.

Durante la quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, y la coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota, el presidente Calderón en la conferencia conjunta con el presidente Barack Obama, se comprometió a cancelar “cualquier posibilidad de modificar las leyes para permitir que agentes de Estados Unidos comisionados en territorio mexicano porten armas”, como pretendía el presidente Obama a partir del incidente en que perdió la vida el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, Jaime Zapata. 

Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.

Es innegable que el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para proteger los intereses norteamericanos, asociados a los altos consumos de droga en aquellos parajes y, a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de control de los espacios de tránsito. 

Dentro de este esquema, el análisis de algunos aspectos constitucionales y de legalidad resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo sexenio.

Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al Presidente, el jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

Aunque Calderón sólo estudió una Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fue más fácil controlarlo que lo que suponía Robert Lansing. El hecho es que Calderón terminó enredado en una cadena de equivocaciones y complicidades, sometido su gobierno y el país al yugo estadounidense. 

Para empezar, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de la Unión una serie de elementos, como el arraigo domiciliario, un asunto que bien estudiado implica un conjunto de medidas autoritarias y poco propias de un régimen democrático, cuando en realidad son instrumentos característicos de las dictaduras, o del “derecho penal del enemigo”.

Habría que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tergiversado la prohibición categórica y expresa de la Constitución por una jurisprudencia arbitraria al autorizar o validar la salida de las tropas de sus cuarteles para combatir al narco. 

El artículo 129 de la Constitución establece que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Es así que la guerra contra el narco tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto de vista legal no existe una guerra declarada. 

En el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser trascendentales.

El presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias, pues estamos en el caso de una guerra no declarada por el Congreso de la Unión y fuera de las funciones constitucionales del ejército, lo que en un futuro no muy lejano podría implicar responsabilidades para los culpables de estos extremos, bien sea por violaciones a los derechos humanos, bien sea por crímenes contra la humanidad o por abusos y excesos de poder.

El Artículo 73 Constitucional dice: “El Congreso de la Unión tiene facultad: XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo”. 

En este caso, la guerra la declaró el Ejecutivo con todas las consecuencias legales a que tenga lugar. 

Lo que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a la Constitución son notorias, de suerte tal que para remediar el problema, se incluye la conducta inconstitucional dentro de la Constitución y el poder solucionar su problema de abuso de poder o de violaciones sistemáticas a la Constitución, constitucionalizando los abusos de poder. 

Ese fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de las dictaduras o de la Inquisición, el arraigo domiciliario. 

En víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que mueven a su gobierno: buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su gobierno.

Buscar mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se hizo en realidad.

Crear la necesidad de mantener el Ejército en las calles a partir de la combinación de las teorías del miedo y del shock.

Habría que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824 dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la soberanía al Presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información, pudiera ser que hasta de traición a la patria.

En la guerra contra el narco quedan algunas cuestiones de profundidad: El poder judicial no debió ser convocado, pues el mandato que le confiere la Constitución es de imparcialidad para administrar justicia y no el de comparsa del Presidente en ninguna cuestión de administración de justicia. 

El Congreso de la Unión o al menos eso parece, suplantado en su calidad de representante legal y legítimo del pueblo de México, sin considerar la negativa de los líderes de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión de no asistir a las convocatorias del Presidente para no hacerle el juego a la representatividad alternativa.

La posición del Presidente es una posición periodísticamente correcta, sin embargo, la Constitución otorga en su división de poderes la representatividad popular al Congreso de la Unión. 

Es evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepten no solamente la guerra contra el narco; sino que la estrategia de mantener al Ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más autoritario es la respuesta correcta y única aceptable. 

El resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción yLa Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

De uno a tres años de cárcel a quienes hagan llamadas de broma al 066


*Falta de organización en municipios impide que Guerrero Seguro se extienda

Laura Sánchez Granados/ Agencia de Noticias Acapulco
Acapulco. Gro. Febrero del 2012. El vocero del Operativo Guerrero Seguro, Arturo Martínez Núñez, informó que la Procuraduría en el Estado interpone denuncias contra las personas que hacen llamadas de broma o de insulto al 066, de acuerdo a la modificación a la Ley y al Código Penal en lo que se refiere a los ataques a las vías de comunicación que afecten a instituciones de seguridad, -ahí entran estas llamadas- se publicaron a finales del año pasado en el Periódico Oficial por lo que ya entro en vigor.

Las sanciones que se impondrán serán de 6 meses a un año y 350 salarios mínimos y podría llegar de uno a tres años y mil salarios mínimos, explicó Martínez Núñez que el 066 tiene el sistema de la detección de llamadas, estas quedan registradas en el equipo de comunicación, no así el 089 que son llamadas anónimas.

En una sola semana se recibieron al 066 15 mil 677 llamadas de estas únicamente 632 fueron procedentes y el resto 14 mil 995 fueron improcedentes, dijo que detectaron 160 llamadas de un solo número telefónico y que en estos momentos la procuraduría realiza ya las investigaciones para girar las ordenes de aprehensión y aunque hayan sido niños los que hagan la broma, el titular de la línea será el responsable del ilícito.

Al hablar del Operativo Guerrero Seguro el vocero comentó que varios municipios lo han solicitado, pero que desafortunadamente no tienen proyectos ni programas para aterrizar, como lo tiene Acapulco en donde ya se venía trabajando desde hace tiempo para implementar el operativo, reconoció que la falta de trabajo y organización de los alcaldes impiden que Guerrero Seguro se extienda, aunado –continuó- en que varios alcaldes pidieron licencia para otras actividades políticas y ya no se puede realizar ningún proyecto de seguridad.

Arturo Martínez Núñez dijo que en la semana del 13 al 19 de febrero se registraron 3 personas fallecidas entre grupos delincuenciales, se detuvieron a 30 personas por diversos ilícitos, se recuperaron 25 vehículos con reporte de robado, envoltorios de cocaína y marihuana, la revisión de diez bares y cantinas, tres de estas fueron clausuradas y que las muertes delincuenciales bajaron en un 52.2%.


Robo de identidad modalidad que utiliza el crimen organizado


Laura Sánchez Granados/ Agencia de Noticias Acapulco
Acapulco. Gro. Febrero del 2012. Alerta la delegada de Relaciones Exteriores Laura Xitlali Ruíz Quintanar sobre el robo de identidad que se viene dando en Guerrero y en el país para cometer ilícitos a nombre del afectado, como es la venta de terrenos, conseguir créditos o los utiliza el crimen organizado, explico que en los pequeños poblados de la entidad un grupo de personas les ofrece tramitar su pasaporte para llevarlos a trabajar al extranjero, les piden en original todos sus documentos y nunca regresan.

La delegada pidió a los medios de comunicación alertar a toda la gente, para que no se deje engañar, no entreguen ni presten sus documentos personales a nadie, ni a su secretaria ni apersonas cercanas, porque el trámite del pasaporte tiene que ser personal, nadie puede realizarlo si no es el interesado, en caso de que este imposibilitado por enfermedad, personal de Relaciones Exteriores acuden al lugar, no se aceptan intermediarios.

El robo de identidad se comenzó a dar en las grandes metrópolis, pero actualmente es en pequeñas comunidades en donde los engañan diciéndoles que los van a llevar a trabajar al extranjero, les prometen sacarles el pasaporte y se llevan sus documentos, la funcionaria dijo que si ya sufrió este robo debe ser denunciado ante las autoridades competentes de inmediato para que sepan que quien utiliza su nombre no es usted.

Aclaró que aunque Relaciones Exteriores se entere de que afectaron a una persona, no pueden interponer una denuncia únicamente el afectado, es por eso que hace la invitación para que se animen a hacer la denuncia.

En algunos poblados del Estado de México y Michoacán se ha sabido casos en el que la gente utiliza esos documentos para vender terrenos o propiedades a nombre de gente que no se encuentra en México, también los ocupan el crimen organizado, cuando son detenidos se les encuentran muchos pasaportes apócrifos con los que se pueden trasladar de un lugar a otro o se ostentan con la identidad robada, dijo que muchos afectados no denunciaron y hoy se enfrentan investigaciones policiacas que afectan su vida.

Bertín Cabañas ahora busca ser candidato a alcalde o a diputado local


Fernando Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., febrero de 2012 (IRZA).- Bertín Cabañas López, afirmó que aunque no le “parezca” la lista de candidatos a diputados federales que eligió el PRI este fin de semana, en la que no salió beneficiado, respetará la “voluntad de la mayoría”, pero reveló que ahora buscará otra candidatura, por la Alcaldía y como diputado local.

El ex aspirante a la candidatura del PRI a diputado federal por el distrito siete, con sede en esta capital, dijo que respaldará el proyecto político de su partido y acepta no ser postulado.

Anunció que se sumará al trabajo político-electoral para ganar también la formula que lanzó el PRI al Senado de la República, encabezada por el ex gobernador René Juárez Cisneros y la diputada federal con licencia, Claudia Ruiz Salinas, sobrina del ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

Rechazó que su partido haya incurrido en la “imposición de candidatos” porque los aspirantes habían pactado un acuerdo de respetar los resultados de las encuestas y la de las convenciones de delegados celebradas este fin de semana.

“Quizá a muchos no nos parece (la lista de candidatos del PRI), pero hay que respetar la preferencia de los guerrerenses” y, recordó que esa misma postura fue la que adoptó hace tres cuando su partido cuando eligió a Héctor Astudillo Flores como candidato a presidente municipal de Chilpancingo.

Aceptó que hubo “acuerdos” con las dirigencia del PRI para que respalden a los candidatos a diputados federales.

También anunció que participará en la selección de candidatos para el proceso electoral local, “habrá oportunidad de medirnos para elegir las preferencia y vamos a participar para otro cargo a través del método de la encuesta”,  negarlo sería “incongruente”, dijo.

Comentó que podría buscar la candidatura del PRI a la Presidencia de Chilpancingo o a diputado local, aunque matizó que tampoco se trata de una “necesidad o por un posicionamiento político”. 

Alinea el PRI al de los tacos de arroz con huevo que intoxicaron a indígenas


Fernando Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., febrero de 2012 (IRZA).- El alcalde con licencia de Chilapa, Sergio Dolores Flores, quien aspiraba a la candidatura del PRI a diputado federal por el distrito seis con sede en aquella cabecera municipal, aceptó que se alineó después de algunos “acuerdos” a los que llegó para que Héctor Vicario Castrejón se quedará con la nominación para buscar una curul en San Lázaro en la elección de julio próximo.

Reconoció que hubo negociaciones y “acuerdos” entre las dirigencias del PRI para que aceptara la postulación de Vicario Castrejón pero se negó a emitir detalles.

Entrevistado por teléfono, se le preguntó si declinó a la candidatura del PRI a diputación federal a cambio de ser postulado a diputado local y aseguró que por el momento no hay nada y que esperará los tiempos que determine su partido para la selección de sus candidatos para el proceso electoral local.

De esta forma matizó que “no hubo imposición”, y del discurso beligerante que emitió en la sede del PRI en Guerrero, en esta capital, después de su registro como aspirante a la candidatura por la diputación federal, en el que llamó a su partido a evitar la imposición para que no hubiera ruptura, dijo que “a veces son impulsos, pero que con el tiempo llegan las reflexiones y como soy institucional, seguimos trabajando”.

Sergio Dolores Flores, quien el pasado 7 de febrero acarreó a 4 mil indígenas de Chilapa para que lo respaldaran en su registro en esta capital, de los cuales, 709 se intoxicaron con los tacos de arroz con huevo que les dieron de comer él y el diputado local del PRI, Francisco Javier García, anunció su respaldo para el figueroista, Héctor Vicario Castrejón, virtual candidato a diputado federal por el sexto distrito y quien fue electo en durante la convención de delegados que se celebró este fin de semana.

Descartó la posibilidad de ser el candidato del PRD a diputado federal por el mismo distrito, pues aseguró que hasta el momento “no me han invitado y tampoco aceptaría” porque “el PRD no es mi partido, mi partido es diferente”.

Impugnará Martha Obeso si el PRD no la integra en la fórmula al Senado


Fernando Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., febrero de 2012 (IRZA).- La precandidata del PRD al Senado de la República, Martha Idalia Obeso Cazares, denunció que no fue convocada por la dirigencia nacional de su partido para conocer los resultados de la encuesta que aplicó en Guerrero para determinar el posicionamiento político-electoral de sus aspirantes.

Advirtió que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el proceso interno del PRD si no respetan la equidad de género en la integración de la fórmula al Senado y si no le dan a conocer oficialmente los resultados de la encuesta.

Vía telefónica, informó que los precandidatos perredistas Ernesto Fidel Payan Cortinas y la diputada Florentina Rosario tampoco fueron convocados, y que no sabía, si era el mismo caso de Emperatriz Basilio Goytia, porque no había hecho contacto con ella.

Dijo que durante todo este domingo estuvo atenta al desarrollo de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD donde serían dados a conocer los resultados de la encuesta para determinar la fórmula de candidatos al Senado de la República y la lista de candidatos a diputados federales por los nueve distritos pero reprochó que “literalmente me fue imposible” tener información y acceso a los resultados.

Puso en duda la aplicación de esa encuesta por negarle reiteradamente informes al respecto pese a su calidad de precandidata, “no tengo conocimiento oficial, salvo los rumores del propio Congreso Nacional del PRD y una información que pude tener a la que tengo veracidad que fue dada a conocer en reunión de consejeros”.

De acuerdo con la información proporcionada por Obeso Cazares, el diputado federal perredista, Armando Ríos Piter, encabeza los resultados de la encuesta y podría encabezar la fórmula con Sofío Ramírez Hernández quien habría resultado en segundo lugar.

Comentó que en tercero y cuarto lugar respectivamente se ubicaron los diputados locales, Sebastián de la Rosa Peláez y Celestino Cesáreo Guzmán, y en último, “nosotras, las precandidatas sin que se conozcan los porcentajes que tenemos en la encuesta”.

No descartó que por esas irregularidades promueva un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el proceso interno del PRD aunque comentó que no será una decisión personal sino en conjunto con los liderazgos y equipos nacionales que la están respaldando y que coinciden en esa estrategia.

“Lo estamos valorando pero es necesario conocer primero la información oficial de la encuesta para conocer los porcentajes y en razón de eso ir al litigio en los tribunales”, sentenció la esposa del extinto diputado local perredista, Armando Chavarría Barrera.

Exigió a la dirigencia nacional y estatal del PRD que se respete la equidad de género en la fórmula de candidatos al Senado de la República porque así está estipulado en los estatutos del partido y que le dé a conocer de manera oficial los resultados y porcentajes de la encuesta, de lo contrario promoverá el recurso de impugnación. 

Sebastián de la Rosa Peláez aspirante a precandidato a senador para el PRD dialoga con Heriberto Huicochea, también aspirante a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional en un encuentro furtivo en las instalaciones de la Facultad de Derecho en donde se realizaría un evento del gobernador. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


El secretario de la STTAISUAG, Valerio Adame observa al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas Arrizón mientras espera al gobernador Ángel Aguirre Rivero. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Agentes de seguridad del gobierno del estado y personas en espera de la llegada del gobernador Ángel Aguirre Rivero a las instalaciones de la facultad de Derecho. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


El ex secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Sofío Ramírez Hernández en conferencia en prensa dijo que Armando Ríos Piter está manipulando las encuestas para senador. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Integrantes de la comisión del registro de precandidatos del PRD intentan prohibir el paso a acompañantes del Ex secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)