Miranda
Aguilera/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., noviembre de
2011(NOTYMAS).- En estos momentos,
en el Congreso Local no hay elementos suficientes para asegurar que podría ser
desaforado o no el presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes
Ramos, analizando cuidadosamente todos las pruebas aportadas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), sostuvo el
presidente de la Comisión Instructora, Marco Antonio Leyva Mena.
Al abordar el asunto del juicio de procedencia
iniciado en contra del alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, como presunto autor
intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, el
legislador local, dijo que ese encuentran en el periodo de valoración de las
pruebas, analizando con mucho detenimiento los elementos y pruebas que les ha
aportado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), por
lo que sería muy aventurado afirmar que sí o no procede el juicio de
procedencia.
Al explicar sobre el procedimiento, Leyva Mena
expuso que aunque procediera el juicio de procedencia, todavía tiene que darse
una etapa de comunicación de diez días, luego de la notificación, viene la
apertura de pruebas que son 20 días
hábiles, sigue la etapa de alegatos, es decir, es todo un procedimiento
dentro del Congreso.
Posteriormente agregó, habrá una votación en
aproximadamente unos tres o cuatro meses, donde se supone que en el pleno se da
una discusión y se erige en gran jurado, él que vota para desaforar o no al
presidente municipal, si no procede obviamente no se inicia ningún
procedimiento.
Puntualizó que el asunto no termina con el
desafuero, se trata remarcó, en un proceso más largo, todavía.
El presidente de la Comisión Instructora señaló que
los cinco diputados que la conforman provenientes de distintas filiaciones
políticas, han coincidido en que deben de ser muy responsables en el manejo de
la información y las declaraciones que emiten, “porque no contamos con los
elementos suficientes para dar una opinión sobre el tema”, insistió.
En el análisis del asunto, los integrantes de la
Comisión Instructora han buscado el apoyo de opiniones de expertos juristas
como el caso de los abogados Héctor Mancilla, propuesto por el diputado Manuel
Saidi; Héctor Avilés, propuesto por el propio Leyva Mena, Adolfo, así como por
los propios abogados del Congreso, además de la opinión jurídica del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los elementos que analiza la Comisión instructora,
son los enviados por la PGJE, la averiguación previa que manda el procurador,
que se sigue sosteniendo en la declaración ministerial de Antonio Jiménez
Chino, autor material y de Erik Estrada Vázquez, sobre los cuales dijo Leyva
Mena, “yo considero con toda franqueza que no está aportando ningún elemento
nuevo o alguna situación que está añadiendo o reforzando el asunto, su
principal prueba sigue siendo la declaración de Antonio Jiménez Chino”.
Admitió que este asunto por su propia naturaleza, se
puede partidizar y politizar, irse por
una ruta diferente a la jurídica, para evitarlo al interior de la Comisión
instructora dijo que están tratando de ser muy cautos en las declaraciones primero
y segundo, ser muy cuidadosos y responsables en la valoración de los elementos
de prueba y desahogo de las mismas para emitir un dictamen lo más objetivo y
apegado a las circunstancias posible.
Y aunque pareciera que el proceso se ha alargado, el
presidente de la comisión instructora aseguró que se encuentran dentro de los
términos que marca el proceso legislativo, el que señala días hábiles no
naturales, de ahí que se han atravesado situaciones como receso hasta por una
semana en el Congreso del Estado, los días feriados como el 21, entre otros
elementos, pero en sí, aseguró que están cumpliendo con los plazos establecidos
en la ley para dar salida a este juicio
de procedencia en contra del alcalde de Tlapa. (NOTYMAS)
