Ciudad de
México, noviembre del 2014. (Milenio). El ex alcalde
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda
Villa, fueron detenidos por la Policía Federal durante un operativo que se
realizó la madrugada de este martes en las inmediaciones de la delegación
Iztapalapa, en el Distrito Federal, revelaron funcionarios de la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS).
El matrimonio
fue señalado por la Procuraduría General de la República de ordenar el pasado
26 y 27 de septiembre el ataque y desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 normalistas
de Ayotzinapa, con el propósito de que no "sabotearan" el informe de
labores de Pineda Villa, como ocurrió en julio de 2013.
Los
funcionarios consultados por Milenio informaron que Abarca y su esposa fueron
ubicados en una vivienda rentada de Iztapalapa, pero no dieron más detalles si
en dicho lugar había más personas.
Indicaron que
ambos ya están en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rinden declaración ante
el agente del Ministerio Público Federal.
Hace unas
semanas, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que una vez
que los estudiantes estuvieron sometidos y fueron entregados por policías a
Guerreros Unidos, el lugarteniente de esa organización criminal, conocido como El
Gil, informó a su jefe máximo, Sidronio Casarrubias Salgado, que los
conflictos en Iguala eran obra del grupo delictivo contrario, es decir, Los
Rojos.
Sidronio
avaló las acciones contra los normalistas, a quienes llevaron a un camino de
terracería que se localiza cerca de la vivienda de El Gil y
donde fueron encontradas nueve fosas clandestinas con los restos de 30
personas.
El
funcionario federal indicó que María de los Ángeles Pineda fue identificada por
Sidronio como la principal operadora de Guerreros Unidos, desde la
presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad
de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
También que
José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros
Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos
eran usados para control de la policía local. El grupo decidía quien ingresaba
a la corporación.
La PGR
solicitó órdenes de aprehensión contra los "autores intelectuales" de
los sucesos de violencia en Iguala el 26 de septiembre; asimismo, consignó otro
expediente contra Abarca, por el homicidio del perredista Arturo Hernández
Cardona, crimen cometido en mayo de 2013.
