Acapulco.
Gro. Diciembre del 2012. (El Universal). Un juez federal liberó una orden de
aprehensión a 19 elementos de la Policía Federal por delitos cometidos durante
el fallido operativo de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en contra de
los normalistas de Ayotzinapa.
Enfrentan Acusaciones por falsedad en
declaraciones ya que negaron haber disparado sus armas, pero los peritajes demostraron
que sí lo hicieron, además de cargos por ejercicio indebido del servicio
público, lesiones y abuso de autoridad.
A partir de la Averiguación Previa
PGR/DGCAP/ZAP-V/016A12012, el Ministerio Público de la Federación encontró
elementos para ejercitar acción penal contra los policías federales, y el
Juzgado Primero de Distrito en Guerrero, libró las órdenes de aprehensión en su
contra el 23 de noviembre.
Los delitos que se les imputan a los
federales derivan de su intervención durante el bloqueo a la Autopista del Sol
que realizaron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, que derivó en un enfrentamiento en
el que perdieron la vida los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús, y Gonzalo Rivas Cámara, empleado de una gasolinera.
Hasta el momento, se había procedido
solamente contra funcionarios y policías locales, aunque desde abril pasado al
presentar su informe final del Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Procuraduría General de la República (PGR),
que investigara también los posibles delitos cometidos por elementos de la PF.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia,
reveló en ese momento, que de los 168 policías que participaron en el
operativo, 91 portaban armas de fuego,
de los cuales 59 pertenecían a la división fuerzas federales.
Los peritajes químicos realizados por la
propia PGR determinaron que 22 armas que fueron disparadas el día de los hechos del tipo G3, Bushmaster, Panter y
nueve no identificadas pertenecían a los agentes adscritos a la División
de Fuerzas Federales de la Policía Federal.
A casi un año del incidente, la PGR recabó
las evidencias suficientes para consignar y obtener las órdenes de aprehensión
contra los 19 policías federales. El Juez de la causa encontró elementos para
liberar los mandatos de captura. En el caso de los quince agentes, se les
imputa del delito de falsedad de declaración ante autoridad distinta a la
judicial, ya que en su primera declaración aseguraron que ninguno de ellos
disparó sus armas de cargo en el operativo.
Ante el Ministerio Público de la Federación
los ahora acusados afirmaron que “se mantuvieron replegados y a una distancia
lejana al lugar donde ocurrieron los hechos, y no haber tenido participación
alguna en los mismos”.
Sin embargo, con base en los dictámenes
periciales realizados por expertos de la PGR “se estableció que sí habían
disparado sus armas de fuego”, por lo que cometieron un delito al desvirtuar
los hechos.
Los 19 federales también son acusados por el
delito del ejercicio indebido del servicio público, ya que se determinó que “se
presentaron al lugar de los hechos portando las armas de fuego a su cargo, y
las accionaron contra los manifestantes, además tampoco preservaron el lugar de
los hechos, y omitieron en todo momento lo establecido en los protocolos de la
policía que se deben aplicar en caso de manifestaciones multitudinarias”.
A otros de los tres federales se les acusó
también de abuso de autoridad, ya que “en el lugar de los hechos, al detener a
algunos de los manifestantes, ejercieron violencia contra los mismos, no
obstante que ya estaban sometidos”.
Uno de los agentes también fue señalado por
la PGR como presunto responsable del delito de lesiones, al disparar al aire su
arma, hirió a un elemento de seguridad de la casa de gobierno del estado.
