Contracolumna
Por José Martínez M. (*)
Cancún, Qna. Roo., a 20 de febrero de 2012. El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el primer
presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por delitos de
lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las drogas. En México
también el presidente Calderón podría enfrentar un juicio porque al margen del
Senado de la República ,
su gobierno suscribió un acuerdo bilateral que permite a fuerzas federales
estadounidenses actuar armados en territorio mexicano, en violación flagrante a
la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente
Miguel de la Madrid
se dio la autorización para que la Agencia Antidrogas
(DEA) estableciera equipos de intervención en las bases aéreas de reacción
inmediata, ubicadas en territorio nacional, cuatro de ellas establecidas en
Mérida, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.
Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno del republicano Calvin Coolidge, el presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su mandato desde
Robert Lansing sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”. (America Magazine Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).
En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo
Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el narcotráfico.
Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México, se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del territorio mexicano.
El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas están “tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México”, y agregó: “Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”.
No es necesario adivinar los entuertos de
Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y
Dos periodistas de The Washington Post, Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de espionaje del gobierno estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y cómo se extiende hasta México.
El servicio de inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar su eficacia”.
“Los analistas que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidos por los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.
Muchos de esos reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió ubicar la oficina más grande fuera de Estados Unidos, con el mayor número de agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad nacional de
Durante la quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari, el jefe de
Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.
Es innegable que el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para proteger los intereses norteamericanos, asociados a los altos consumos de droga en aquellos parajes y, a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de control de los espacios de tránsito.
Dentro de este esquema, el análisis de algunos aspectos constitucionales y de legalidad resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo sexenio.
Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al Presidente, el jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de
Aunque Calderón sólo estudió una Maestría en Administración Pública por
Para empezar, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de
Habría que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de
El artículo 129 de
Es así que la guerra contra el narco tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto de vista legal no existe una guerra declarada.
En el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser trascendentales.
El presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias, pues estamos en el caso de una guerra no declarada por el Congreso de
El Artículo 73 Constitucional dice: “El Congreso de
En este caso, la guerra la declaró el Ejecutivo con todas las consecuencias legales a que tenga lugar.
Lo que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a
Ese fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de las dictaduras o de
En víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que mueven a su gobierno: buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su gobierno.
Buscar mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se hizo en realidad.
Crear la necesidad de mantener el Ejército en las calles a partir de la combinación de las teorías del miedo y del shock.
Habría que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824 dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la soberanía al Presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40 y 41, todos ellos de
De esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información, pudiera ser que hasta de traición a la patria.
En la guerra contra el narco quedan algunas cuestiones de profundidad: El poder judicial no debió ser convocado, pues el mandato que le confiere
El Congreso de
La posición del Presidente es una posición periodísticamente correcta, sin embargo,
Es evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepten no solamente la guerra contra el narco; sino que la estrategia de mantener al Ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más autoritario es la respuesta correcta y única aceptable.
El resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.
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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de
