Israel en la Torre Mayor

Israel. Febrero del 2012. (Revista Protocolo). La Embajada de Israel en México y el Instituto Cultural México–Israel, AC, presentan durante el mes de febrero la magna muestra cultural: Israel en la Torre Mayor, exposición que ofrece al público la posibilidad de acercarse al milenario pueblo judío y a la grandeza de Israel, a través de sus adelantos científicos, tecnológicos, culturales y artísticos.

El día de la inauguración se vivieron momentos inolvidables, donde la fraternidad estuvo presente al lado de la alegría. En el estrado estuvieron presentes David Serur y su esposa Jennie C. de Serur, respectivamente, presidente y vicepresidenta del Instituto Cultural México–Israel, organizadores de la muestra, quienes estuvieron acompañados por la embajadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon; Jacobo Zabludovsky, fundador de la institución hace casi 65 años; Eldad Golán, consejero político y agregado Cultural y de Prensa de la Embajada de Israel en México; Gerald W. Ricker, representante en México de Reichmann International; Felipe Flores, administrador de la Torre Mayor y la directora de la institución organizadora, Dinorah Isaak.

Esta exposición además contó con el apoyo de la Cámara México Israel de Comercio e Industria; el Comité Central de la Comunidad Judía de México; el Keren Kayemet Le Israel; la Universidad Hebraica; la SOJNUT; el CDI; y los artistas Enrique Shor y Moisés Zabludovsky; el grupo Anajnu Veatem; Abraham Rechthand y su grupo Klezmer; además de las fotografías de diversos fotógrafos, entre ellos, Noeémy y Fanny Politi.

Diariamente es visitada por miles de personas que tienen la oportunidad del hallazgo en las diversas temáticas que aborda la exposición, desde la belleza de los paisajes y la judaica con las costumbres y tradiciones, hasta la sofisticación de la alta tecnología que Israel exporta para el mundo.

Ésta es una muestra que nadie debe dejar de visitar y disfrutar de lunes a domingo en horario abierto y con entrada gratuita, ubicada dentro de la Torre Mayor en Reforma 505 Col. Cuauhtémoc, ciudad de México.

México y Colombia fortalecen su relación bilateral

Viceministros de ambos países resaltaron el compromiso de avanzar en el proceso de integración regional a través de la Alianza del Pacífico

Colombia. Febrero del 2012. (Revista Protocolo). En Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el pasado 13 de febrero el encuentro semestral de los viceministros embajador Rubén Beltrán Guerrero, subsecretario para América Latina y el Caribe, y Mónica Lanzetta, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, acordado durante la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a México en agosto de 2011.

El encuentro permitió a los funcionarios revisar los distintos puntos que conforman la agenda bilateral y constatar el excelente estado que guarda la relación en todos sus ámbitos. Asimismo, evaluaron los resultados obtenidos en la XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada el pasado 5 de diciembre en Mérida, Yucatán, al tiempo que se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos adoptados en esa ocasión.

La viceministra Lanzetta agradeció la invitación de México a Colombia para participar en la Cumbre del G20 y confirmó la participación de la canciller María Ángela Holguín en la reunión informal de cancilleres que se llevará a cabo en Los Cabos los días 19 y 20 de febrero.

Además, resaltaron el compromiso de sus respectivos gobiernos de avanzar en el proceso de integración regional a través de la Alianza del Pacífico, con miras a la Cumbre que se llevará a cabo en Chile, en junio próximo.

En relación con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ambos diplomáticos reiteraron el compromiso de sus respectivas cancillerías en el cumplimiento de esta iniciativa regional que surgió en la Cumbre de la Unidad, Riviera Maya (febrero de 2010). Además se congratularon por la reciente elección del colombiano Alfonso Munera Cavadía como nuevo secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y manifestaron su confianza de que esta elección favorezca el proceso del fortalecimiento institucional de la AEC.

En especial, el funcionario mexicano señaló que México apoya decididamente los trabajos emprendidos por el gobierno de Colombia para organizar exitosamente la VI Cumbre de las Américas, a celebrarse en Cartagena de Indias, en abril próximo.

En cuanto a los temas de seguridad, ambos diplomáticos se congratularon por la voluntad de sus gobiernos de continuar con los avances en la cooperación de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que se ha desarrollado en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia México-Colombia (GANSJ).

Con relación a los actos terroristas registrados los días 1 y 2 de febrero pasado en Colombia, el subsecretario Rubén Beltrán reiteró la condena del gobierno de México por esos hechos.

Finalmente, los viceministros acordaron dar seguimiento a los distintos compromisos y establecer un calendario de reuniones de los mecanismos existentes a lo largo del año, con el objetivo de fortalecer aún más la relación bilateral.

El embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, acompañó al subsecretario Rubén Beltrán en Bogotá en sus actividades.

PGJE confirma la muerte de dos agentes ministeriales

(Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)

Chilpancingo, Gro, febrero de 2012.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero confirma que la mañana de este martes, fueron ultimados dos agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), en el encauzamiento del río Huacapa, a la altura de un centro comercial en la capital del estado.

Los sucesos se registraron en el boulevard René Juárez  Cisneros, esquina con calle Kena Moreno de la colonia el Potrerito, en donde  alrededor de la 6:30 horas se encontró un vehículo oficial de la marca Nissan, tipo Sentra, color blanco, en cuyo interior se localizaron los cuerpos sin vida de Jorge Ignacio López Hidalgo y Emmanuel Osiris López, quienes eran agentes de la PME.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los policías se trasladaban del sector oriente de la ciudad, perseguidos por un grupo de personas armadas que intentaban cerrares el paso.

En el vehículo oficial fueron encontradas dos armas de la marca Pietro Beretta con sus respectivos cargadores abastecidos, y al parecer corresponden a las armas de cargo de los dos agentes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en tanto que el vehículo asegurado quedó a disposición de la Dirección de Servicios Periciales.

La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio, del cual se desconoce el móvil.

  

El caso Beresford-Burgos, un thriller de Cancún

Reportaje

Acusado como presunto responsable del homicidio de su esposa y evasor de la justicia mexicana, el productor de televisión estadounidense ya está en el penal de Cancún, donde podría purgar una pena de hasta 40 años en prisión

Por Isela Serrano / Luces del Siglo (*) 

Cancún, Qna. Roo., febrero de 2012. Bruce Beresford Redman, productor de la serie “Survivor” regresó a Cancún. Duerme en el Cereso y medita su futuro. De resultar culpable podría purgar una condena de hasta 40 años por el asesinato de su entonces esposa, la modelo y empresaria brasileña Mónica Burgos, ocurrido durante sus vacaciones en abril de 2010, al interior del lujoso hotel Moon Palace.

El supuesto homicida arribó a la ciudad en un taxi aéreo, proveniente del estado de México, a las primeras horas de la madrugada del jueves 9 de febrero de 2012, gracias a la extradición que otorgó el gobierno estadounidense; de esta manera, ingresó al penal. 

La historia ha sido una sucesión de hechos que podría protagonizar un thriller. Los hechos salieron a la luz pública el 6 de abril de 2010 cuando Beresford presentó una denuncia en Cancún por la supuesta desaparición de su esposa. 

Aunque Beresford intentó relacionar los hechos con un secuestro, el cadáver fue descubierto dos días después, dentro de una cisterna en el lujoso resort, a unos 80 metros de la habitación que compartía el matrimonio con sus dos hijos menores.

El cuerpo presentaba golpes

De acuerdo con las versiones de la familia Burgos, la pareja vacacionaba como parte de un acuerdo para una supuesta reconciliación ante los problemas maritales que enfrentaban. La atención de la autoridad estatal se centró en Beresford, debido a que presentaba rasguños en el rostro y brazos, además de haber caído en una serie de contradicciones que le llevaron a ser citado para ampliar su declaración.

La versión del productor, convertido en el principal sospechoso del crimen, era que su esposa había salido la mañana del 5 de abril para ir de compras. No regresó y el 6 de abril denunció su desaparición ante el Ministerio Público. Para la Procuraduría de Justicia, la mujer nunca salió del hotel.

El 9 de abril de 2010, Jeane Ferreira Burgos presentó ante la mesa VI de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, la denuncia formal contra el delito de homicidio cometido contra su hermana. Fue ella también, quien encabezó protestas lo mismo en Cancún y en Los Ángeles, California, para exigir esclarecer el crimen, ocurrido en el hotel, ubicado en el kilómetro 36.5 de la carretera federal Cancún-Tulum.

En aquellos días, Jeane Ferreira portaba una camiseta con el rostro sonriente de la modelo brasileña; en otras ocasiones, acudía a los juzgados vestida de negro. Casi dos años después ha dejado el luto y sus ojos —como el color marrón de su blusa— reflejan una frialdad cincelada a base de silentes penas. 

Casi dos años después, a las afueras de la cárcel de Cancún, el sol pega directamente en el rostro. Flanqueada por su cuerpo de abogados, integrado por Tomás Flores Allende y Héctor Rojas Cárdenas, quienes viajaron desde la ciudad de México para llevar el caso en el Juzgado Segundo de lo penal, con sede en Cancún, la mujer relata: “Bruce no es tan famoso, no tienen tanto dinero. En Estados Unidos gastó mucha plata para poder mantenerse y no ser extraditado. Yo confío que la justicia mexicana lo va a tratar como a cualquier otro mexicano. ¿Qué cómo salió del país si no tenía documentos? ¡Por la frontera! No sé si él tenga amistades en el gobierno, pero sé que con dinero hay formas de conseguirlo”.

Sobre cómo se conoció la pareja, relata a Luces del Siglo: “Bruce conoció a mi hermana hace 13 años, tenían una relación de 12 años. La conoció en su restaurante, ella tenía un negocio brasileño. Estuvieron juntos aproximadamente dos años, luego se casaron. Hubo una ceremonia. Tuvieron dos hijos y una vida de familia como tantas otras parejas… pero las cosas se modificaron con el tiempo. Seis meses después de que se casó con mi hermana, Bruce tenía relaciones sexuales por teléfono con una mujer, y mi hermana lo descubrió”.

La breve charla tiene lugar luego de su comparecencia ante el fiscal Ludwing Alejandro Vivas Arjona, para aportar elementos y acreditar la presunta culpabilidad de su cuñado. La hermana de la víctima no oculta su rabia al hablar del ex productor de televisión. “Pido qué hagan justicia, aunque eso no le devuelva la vida a mi hermana”.

Insiste: “Tenían muchos conflictos. Ahora se contradice en su declaración. La primera vez que hablé por teléfono con él, a las 13:20, hora de Los Ángeles, me dijo que un día después se había dado cuenta que mi hermana no había regresado al hotel, después la historia fue cambiando cuando descubrió que todas las salidas del cuarto estaban monitoreadas”.

Eran días en que imperaba el poder corruptor del entonces procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, famoso por los controvertidos casos como el del cantante de música pop Kalimba, la artista grupera Ana Bárbara, el holandés Free Bronkhors que protagonizó una riña callejera con el hermano del líder del partido ecologista, Alain Ferrat, estos hechos acapararon los flashes.

Alor Quesada informó que Bruce estaba siendo investigado y que por un “pacto de caballeros”, el sospechoso se comprometió a quedarse en territorio nacional, para lo cual incluso le retuvieron su pasaporte, visa y documentos personales; sin embargo, el sospechoso abandonó el país, sin que hasta la fecha se haya esclarecido la forma. 

De acuerdo con un comunicado de la PGR, el pasado miércoles 8 de febrero, Bruce Ainsley Beresford Redman fue entregado en extradición en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, quienes lo trasladaron a Cancún, a fin de presentarlo ante la autoridad judicial que lo reclama.

“El extraditado trató de evadir la acción de la justicia mexicana, ya que con conocimiento que existía una investigación criminal en su contra, salió ilegalmente del país refugiándose en territorio estadounidense”, apunta la PGR.

A su arribo al penal de Cancún, la defensa desestimó las pruebas contra Beresford. Tomás Flores Allende, abogado de la parte agraviada aclaró por su parte, que el expediente 216/2010 posee una serie de elementos que van más allá de las pruebas del vestido de la víctima que la defensa solicitaba ver. 

“Son mucho más elementos que ya probablemente fueron valorados por el Ministerio Público, por el mismo juez segundo para librar orden de aprehensión, por el juez de distrito que negó el amparo; además en Estados Unidos, la Corte Federal aceptó la extradición a México”, indicó.

“Aquí no se trata de determinar si hubo o no delito, desafortunadamente la señora está muerta; se trata de establecer si existen evidencias suficientes para dictar auto de formal prisión o auto de formal libertad ante la falta de pruebas a mi cliente”, exponía, el abogado con residencia en Cancún, Carlos Grajales Betancour.

Horas antes de conocer el veredicto de la juez, el 15 de febrero, el cuerpo de abogados del ex productor norteamericano insistía: “La responsabilidad de quién cometió el crimen no está acreditada, Bruce Beresford no tiene la responsabilidad porque en la averiguación previa no existe ningún indicio que pueda referir que mi defendido fue la persona que cometió el homicidio”.

“Agotado, agobiado y confiado de que el fallo le permita salir libre”, así describió el estado de animo de Bruce Beresford Redman, Jaime Cansino, abogado defensor del acusado.

El día había llegado

Al conocer el fallo de la juez Segundo de lo Penal, Genny Cajún, quien dictó auto de formal prisión al productor de televisión, según las declaraciones de Carlos Grajales, el implicado pronunció un: “¡Oh, no!” y se llevó las manos al rostro. Su estado anímico era devastado, aseguró. 

“Fuimos informados del auto de formal prisión a Bruce Beresford-Redman. Es una violación a las garantías porque consideramos que no hay pruebas en su contra (…) queremos sacarlo de la jurisdicción estatal que pudiera estar viciada para irnos a una institución pulcra como son los tribunales federales. Nos preocupa que permanezca en la cárcel de Cancún porque nos comentan que es peligrosa”, añadió el litigante en entrevista.

La defensa anunció que prepara el procedimiento para inconformarse y llevar el caso a una instancia superior en el gobierno federal y de ser necesario, a la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano colegiado para estos casos. Estima conseguir la libertad de su cliente en dos meses. 

Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia en la zona norte de Quintana Roo ya reabrió las averiguaciones que apuntan hacia varios testigos presenciales del homicidio en el Moom Place, entre empleados y funcionarios del hotel, a quienes en las próximas semanas se habrá de interrogar para seguir las pistas de este asunto que tiene todos los ingredientes de un thriller.

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Bruce Beresford Redman, presunto homicida: “Me están culpando de un crimen que no cometí, perdí a mi esposa, a quien amé muchísimo, perdí a mis hijos, ahora mi libertad, pueden ustedes hacer el favor de decirme cuáles son las bases y elementos de por qué estoy aquí”.

Genny Alicia Cajún Alonso, juez Segundo de lo Penal con sede en Cancún: “Es una especulación (la idea de un acuerdo económico para librar la justicia). Esta autoridad no tiene ningún tipo de arreglo. Él será juzgado como cualquier persona, como cualquier mexicano. Por el hecho de ser extranjero no tiene ninguna preferencia legal; sin embargo, se le están respetando todas sus garantías. No existe ningún tipo de arreglo (económico). La justicia es imparcial”. 

Tomás Flores Allende, abogado de la familia Burgos: “Son mucho más elementos que ya probablemente fueron valorados por el Ministerio Público, por el mismo juez segundo para librar orden de aprehensión, por el juez de distrito que negó el amparo; además en Estados Unidos, la Corte Federal aceptó la extradición a México”. 

Jaime Cansino León, abogado defensor de Bruce Beresford: La defensa asegura que no hay pruebas para inculpar al acusado, este ¿es un caso fabricado por la procuraduría de Quintana Roo? “No. No puedo decir eso”.

Firman IMSS y FEPADE programa de trabajo para prevenir delitos electorales

El Director General del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh, advirtió que ningún servidor público del organismo deberá aprovechar su puesto para beneficiar o perjudicar a quienes participan en el proceso electoral

·         La Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, Imelda Calvillo Tello, sostuvo que la transformación del país se puede lograr con apego a la legalidad y con plena vigencia del estado de derecho

Acapulco, Gro. Febrero de 2012. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, suscribieron el Programa de Trabajo que establece que al interior del organismo se apliquen los mecanismos de blindaje electoral, prevención, denuncia y atención de delitos electorales para contribuir a la imparcialidad, eficiencia, transparencia y equidad en el desarrollo de los comicios federales y locales.

El director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, reconoció que tenemos una doble responsabilidad. “En primer lugar, asegurar que ningún servidor público se aproveche de su puesto para beneficiar o para perjudicar a quienes participan en el proceso electoral.

“En segundo lugar, garantizar que ningún ciudadano se le condicione la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, sus intenciones de voto o sus actividades electorales”.

En ese sentido la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Imelda Calvillo Tello, sostuvo que la transformación de nuestro país en una nación más segura, más justa y más próspera se puede lograr con apego a la legalidad y con plena vigencia del estado de derecho, y sólo lo habremos de lograr con instituciones sólidas y confiables a los ojos de la ciudadanía.

“Por ello nos comprometemos en la reconstrucción del tejido social brindando oportunidades a todos los mexicanos como lo hace el IMSS, como lo hacemos en la Procuraduría General de la República y en la FEPADE.

“Este instrumento de colaboración nos permite refrendar el compromiso de fortalecimiento institucional que comparten ambas dependencias, es también un ejemplo patente de la convicción de su director general y de sus trabajadores con la legalidad, la imparcialidad y la transparencia de cara a los próximos comicios del primero de julio”, explicó.

Ante delegados del IMSS y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Karam Toumeh destacó que la democracia requiere que los ciudadanos confíen en que las elecciones serán transparentes, limpias y legítimas. “Así, a través de la difusión de esta información, no sólo estaremos mejor preparados para inhibir conductas irregulares, sino también para fortalecer la cultura democrática de nuestra institución, de su personal y de sus usuarios”.

“No tengo la menor duda de que en la medida de que los servidores públicos que estén bien informados sobre los actos y omisiones que puedan constituir delitos electorales, se fortalecerán la transparencia y la legalidad en la gestión pública. Y esto no es un propósito nuevo ni una ocurrencia nueva dentro del Seguro Social. Aquí nos hemos comprometido para fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

“Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo en el Seguro Social porque estamos conscientes de la delicada responsabilidad administrativa y operativa que implica transformar con eficiencia los recursos que aportan los patrones, los trabajadores y el propio gobierno con la finalidad ni más ni menos de aportar y prestar servicios de seguridad social a más de la mitad de nuestra población”, puntualizó.

Calvillo Tello recordó que junto con el IFE y el Tribunal Federal Electoral, la FEPADE fue concebida para formar parte de las instituciones que integran nuestro sistema electoral, en el marco del cual desempeña un papel fundamental como instancia responsable de procurar justicia penal, electoral y prevenir el delito.

La fiscal electoral ejemplificó algunos de los delitos más recurrentes en los que podrían incurrir los servidores públicos en los próximos comicios, entre los que destaca el caso de que un funcionario de algún centro de trabajo haga saber a sus subordinados que para conservar el empleo, es necesario que voten en favor de algún partido.

Del mismo modo señaló la hipótesis de que un servidor público condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas sociales en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a favor de un candidato o partido. O en el caso de que un funcionario destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político o candidato o que ordene a sus subordinados acudir en el tiempo de sus labores al apoyo de un partido político o candidato.

“Este es también el compromiso y la convicción de la maestra Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, quien ha venido promoviendo una transformación profunda, sistemática y duradera de la procuración de justicia federal”, concluyó la titular de la FEPADE.

                            

Promueve IMSS programa de envejecimiento activo para una vida saludable

·         Se trata de integrar en diversas actividades a las personas de 60 años en adelante para dar vida a sus años

Acapulco, Gro. Febrero de 2012. El Programa de Envejecimiento Activo (PREA) que promueve la Delegación en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) integra a los adultos mayores a diversas actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de este sector de derechohabientes y generar un estado físico y emocional integralmente saludable.

La Delegación Guerrero del Instituto, por medio del PREA, ofrece cursos, talleres, pláticas, campañas y eventos que ayudan a los adultos mayores a conservar su salud “para que mantengan, prologuen y recuperen su independencia”, indicó el área de Desarrollo Cultural de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.

La responsable de esta área, Rosaura Cruz Gatica explicó que el programa de Envejecimiento Activo está dirigido las personas de 60 años o más, a la familia y allegados y a los adultos mayores, así como a todos aquellos a quienes “les interesa envejecer bien”.

Los servicios que brinda el PREA son la evaluación de la salud de la persona y considera su capacidad para desarrollar sus actividades dentro y fuera de casa sin ayuda, el estado de ánimo, su memoria y la forma de comunicarse, la capacidad de caminar sin caerse, los vínculos de la familia y con los amigos, además de las condiciones de su casa para evitar accidentes.

“Con este programa que se desarrolla a nivel nacional y es aplicado en la Delegación del IMSS Guerrero, los adultos mayores podrán recibir cursos y talleres de orientación alimentaria, casa segura, arreglo personal y grupos de ayuda mutua”, comentó.

La integración de los participantes en el PREA incluye pláticas sobre sexualidad, salud bucal, redes sociales de apoyo, discapacidad y su prevención y los integra en campañas de vacunación, promoción y apego a la cultura del envejecimiento activo y saludable.

Con este programa se desarrollan talleres para funcionamiento adecuado del cuerpo con actividades deportivas como yoga, natación, danza folklórica, baile de salón, acondicionamiento físico aeróbico, higiene de columna, por mencionar algunos.

Cruz Gatica destacó que se aplican estrategias para fortalecer el autoestima, habilidades para la vida, control y manejo para el estrés, teatro, música instrumental y vocal, artesanías, tejido, juguetería y decoración y pláticas de tanatología.

Para el fortalecimiento de la mente, el PREA ofrece actividades de ajedrez, festejos de cumpleaños, fechas cívicas, juegos de mesa, concursos, bailes masivos a obras de teatro y conciertos.

Cruz Gatica detalló que el programa es incluyente con los familiares y acompañantes de los adultos mayores. “Es decir que son personas de su misma edad u otras edades que le ayudarán, en caso necesario, a transportarse, hacer compras, realizar quehaceres del hogar, manejar sus medicamentos, controlar el dinero, preparar alimentos y usar el teléfono”.

Para los cuidadores de los adultos mayores, y que ejercer esta actividad como un oficio, se les enseña cuáles son los cuidados de la vida cotidiana como bañarse, vestirse, arreglo personas, subir escaleras, caminar, levantarse ir al baño y comer”.

Para la mejora de la economía de los participantes del PREA, el IMSS forma promotores de apoyo gerontológico –atención especializada a personas de 60 años y más-, primeros auxilios, formación de personal voluntario, grupos de participación social, panadería, repostería y carpintería.

Para mayor información, Cruz Gatica indicó que es necesario que los interesados acudan a cualquiera de los Centros de Seguridad Social (CSS) del IMSS, ubicados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, o bien llamar sin costo al 01800 6 23 23 23.

Las inscripciones son todo el año y son sin costo para los adultos mayores que deseen mantener una calidad de vida saludable.

INPE confirma recaptura de 5 presos fugados de penal de Challapalca

Foto: Internet

 Por: Jack Hurtado.

Lima, Perú. Febrero del 2012. (Spacio Libre).- El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luís Pérez Guadalupe, aseguró que en fechas recientes se ha recapturado a 5 de los 17 reos de alta peligrosidad que fugaron del penal de Challapalca, en las alturas de Tacna.

 

El presidente de la máxima entidad penitenciaria señaló que la fuga se habría “producido por negligencia del personal”, ya que los carceleros no cumplieron protocolos de seguridad, por lo tanto se investigará si “hubo complicidad”.

Para encontrar y capturar nuevamente a los 12 reos restantes, el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, indicó que se cerro la frontera con Chile y 3 mil policías serán partícipes de la operación.

Estos fueron los 17 prisioneros que escaparon del penal de Challapalca:

1. José Luis Torres Saavedra (38), cabecilla de la fuga, alias “Borrego”.

2. Cristian Collahuazo Contreras (36).

3. Juan Ávila Flores (33).

4. Alejandro Chambilla

Musaja (40).

5. Marco Antonio

Huansi Rojas (30).

6. Peter Murr Lartia (40).

7. Narciso Quintana

Campos (31).

8. Oscar Ramos Paco (33).

9. Gian Rueda Bustinza (21).

10. José Luis Torres

Saavedra (35).

11. Lauro Naupari Solis (30).

12. Dilmer Gálvez Lucana (24).

13. Jaime Gómez Palomino

14. Julio Farromeque Collantes (32).

15. Julio Bernales Vivar (37).

16. Javier Pardave Laurente.

17. Karol Albites Maceda (27).

¿Es seguro el penal de Challapalca?

La entidad penitenciaria de Challapalca en Tacna fue creada en 1996 y tiene una capacidad para 240 internos. donde solo albergaba a 129, y la custodia era manejada solo por 13 empleados del INPE.

En agosto del 2011 ocurrió una fuga similar en la que escaparon 3 internos. Se prometió investigar, pero hasta la fecha no se supo nada.

 

 

Por qué el presidente Calderón puede ser enjuiciado

Contracolumna

Por José Martínez M. (*) 

Cancún, Qna. Roo., a 20 de febrero de 2012. El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el primer presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por delitos de lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las drogas. En México también el presidente Calderón podría enfrentar un juicio porque al margen del Senado de la República, su gobierno suscribió un acuerdo bilateral que permite a fuerzas federales estadounidenses actuar armados en territorio mexicano, en violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente Miguel de la Madrid se dio la autorización para que la Agencia Antidrogas (DEA) estableciera equipos de intervención en las bases aéreas de reacción inmediata, ubicadas en territorio nacional, cuatro de ellas establecidas en Mérida, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.

Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno del republicano Calvin Coolidge, el presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su mandato desde la Casa Blanca del 2 de agosto de 1923 al 4 de marzo de 1929. 

Robert Lansing sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”. (America Magazine Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).

En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo La Guerra contra las drogas, la geopolítica y el miedo. En el que se apoya este análisis.

Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el narcotráfico.

Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México, se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del territorio mexicano. 

El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas están “tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México”, y agregó: “Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”. 

No es necesario adivinar los entuertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Contracolumna ha podido establecer cómo desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica cuando Jorge Castañeda se desempeñaba como canciller. 

Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y la Marina, desde agosto de 2010 vienen operando abierta y libremente en territorio mexicano más de dos centenares de agentes estadounidenses de nueve agencias de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona en un edificio ubicado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadounidense.

Dos periodistas de The Washington Post, Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de espionaje del gobierno estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y cómo se extiende hasta México.

El servicio de inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar su eficacia”.

“Los analistas que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidos por los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.

Muchos de esos reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió ubicar la oficina más grande fuera de Estados Unidos, con el mayor número de agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad nacional de la Unión Americana, contando con el apoyo tácito del gobierno del presidente Calderón.

Durante la quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, y la coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota, el presidente Calderón en la conferencia conjunta con el presidente Barack Obama, se comprometió a cancelar “cualquier posibilidad de modificar las leyes para permitir que agentes de Estados Unidos comisionados en territorio mexicano porten armas”, como pretendía el presidente Obama a partir del incidente en que perdió la vida el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, Jaime Zapata. 

Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.

Es innegable que el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para proteger los intereses norteamericanos, asociados a los altos consumos de droga en aquellos parajes y, a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de control de los espacios de tránsito. 

Dentro de este esquema, el análisis de algunos aspectos constitucionales y de legalidad resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo sexenio.

Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al Presidente, el jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

Aunque Calderón sólo estudió una Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fue más fácil controlarlo que lo que suponía Robert Lansing. El hecho es que Calderón terminó enredado en una cadena de equivocaciones y complicidades, sometido su gobierno y el país al yugo estadounidense. 

Para empezar, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de la Unión una serie de elementos, como el arraigo domiciliario, un asunto que bien estudiado implica un conjunto de medidas autoritarias y poco propias de un régimen democrático, cuando en realidad son instrumentos característicos de las dictaduras, o del “derecho penal del enemigo”.

Habría que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tergiversado la prohibición categórica y expresa de la Constitución por una jurisprudencia arbitraria al autorizar o validar la salida de las tropas de sus cuarteles para combatir al narco. 

El artículo 129 de la Constitución establece que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Es así que la guerra contra el narco tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto de vista legal no existe una guerra declarada. 

En el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser trascendentales.

El presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias, pues estamos en el caso de una guerra no declarada por el Congreso de la Unión y fuera de las funciones constitucionales del ejército, lo que en un futuro no muy lejano podría implicar responsabilidades para los culpables de estos extremos, bien sea por violaciones a los derechos humanos, bien sea por crímenes contra la humanidad o por abusos y excesos de poder.

El Artículo 73 Constitucional dice: “El Congreso de la Unión tiene facultad: XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo”. 

En este caso, la guerra la declaró el Ejecutivo con todas las consecuencias legales a que tenga lugar. 

Lo que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a la Constitución son notorias, de suerte tal que para remediar el problema, se incluye la conducta inconstitucional dentro de la Constitución y el poder solucionar su problema de abuso de poder o de violaciones sistemáticas a la Constitución, constitucionalizando los abusos de poder. 

Ese fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de las dictaduras o de la Inquisición, el arraigo domiciliario. 

En víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que mueven a su gobierno: buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su gobierno.

Buscar mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se hizo en realidad.

Crear la necesidad de mantener el Ejército en las calles a partir de la combinación de las teorías del miedo y del shock.

Habría que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824 dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la soberanía al Presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información, pudiera ser que hasta de traición a la patria.

En la guerra contra el narco quedan algunas cuestiones de profundidad: El poder judicial no debió ser convocado, pues el mandato que le confiere la Constitución es de imparcialidad para administrar justicia y no el de comparsa del Presidente en ninguna cuestión de administración de justicia. 

El Congreso de la Unión o al menos eso parece, suplantado en su calidad de representante legal y legítimo del pueblo de México, sin considerar la negativa de los líderes de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión de no asistir a las convocatorias del Presidente para no hacerle el juego a la representatividad alternativa.

La posición del Presidente es una posición periodísticamente correcta, sin embargo, la Constitución otorga en su división de poderes la representatividad popular al Congreso de la Unión. 

Es evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepten no solamente la guerra contra el narco; sino que la estrategia de mantener al Ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más autoritario es la respuesta correcta y única aceptable. 

El resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.

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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción yLa Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.