Chilpancingo, Gro., noviembre de 2015. Los alcaldes que contraten personal y designen jefes de seguridad sin evaluación y certificación serán sancionados con 2 a 4 años de prisión y una multa de 50 a 300 salarios mínimos, aseguró la presidenta de la comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
La legisladora dijo que los integrantes de esa comisión, durante la reunión de trabajo realizado recientemente, aprobaron exhortar al Secretariado Ejecutivo del Concejo Estatal de Seguridad Pública para que remita el resultado de las evaluaciones que se han aplicado a los policías de todo el Estado.
Dicho dictamen será turnado a la Oficialía Mayor para que ésta lo remita a la Mesa Directiva y a su vez se someta a votación del pleno en la próxima sesión ordinaria.
Camacho Díaz recordó que el Congreso solicitó a los alcaldes que sus directores o secretarios de Seguridad Pública, así como los elementos policíacos estén certificados.
Adelantó que fue en el mes de octubre cuando venció el plazo para que el personal policíaco de los 81 municipios se certificara, y en los lugares donde no se haya hecho estarían incurriendo en un delito.
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