Rosario Garcia
Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., febrero 23 del 2015
(NOTYMAS).– La empresa refresquera Coca-Cola, suspendió
en Chilpancingo sus actividades de reparto de producto por tiempo indefinido a
raíz de las pérdidas que le han provocado el secuestro de camiones, robo de
producto y el reciente secuestro de dos de sus empleados por parte del
movimiento magisterial y estudiantil.
Desde la mañana de este viernes los repartidores de ese
producto anunciaron a sus clientes de la suspensión de actividades, lo que por
la tarde generó compras en supermercados para poderlo revender en tiendas de
colonias y comunidades.
El presidente de Coparmex Chilpancingo, Jaime Nava
Romero, explicó que esa empresa, afiliada a este centro empresarial, ha dado a
conocer que desde hace cuatro meses tiene registro del robo de 200 camiones en
producto, y muchos de ellos son de doble remolque.
Además, por lo menos 12 vehículos han sido secuestrados
con todo y chófer, han padecido el bloqueo de carreteras y toma de casetas y
eso les ha traído pérdidas económicas y de empleos “muy preocupante”, dijo el
líder empresarial.
Explicó que están en riesgo por lo menos un centenar de
empleos directos de la planta ubicada en la capital del Estado, pero además en
la cadena de producción se afectan muchos otros empleos indirectos, porque
también representa ese producto un gancho para que el cliente llegue a una
tienda y adquiera otros artículos.
Pero más grave aún, dijo, “lo que de verdad nos indigna
es que se haya secuestrado a trabajadores para utilizarlos como una moneda
cambiaria por otras personas que no son otra cosa más que vándalos que dañan
productos y empresas de la capital”.
Agregó que no es la primera ocasión en que el gobierno
del Estado cae en el chantaje y hace intercambio de personas para que no se
continúe el proceso de investigación por la comisión de estos delitos. “Es
reprobable que se sigan secuestrando personas para conseguir negociaciones y
que se les utilice como si fueran un objeto; se han violado los derechos
individuales, pareciera que no existe el estado de derecho”, sostuvo.
Nava Romero expresó su preocupación porque si está siendo
vulnerada una empresa de talla internacional, con mecanismos de seguridad, con
una estabilidad y un mercado cautivo importante; cualquier otra empresa micro,
pequeña o mediana está expuesta a lo mismo y no solo se han caído las ventas
desde un 30 a un 70 por ciento en la capital, se ha generado una ola
preocupante de despidos laborales y se ha inhibido la inversión; el mercado
interno no se ha podido estabilizar y con unos cuantos paliativos pareciera que
el gobierno federal está solucionando el problema.
A raíz del movimiento social desde hace más de 4 meses
empresas refresqueras, de productos lácteos, de frituras y camiones que
distribuyen todo tipo de productos perecederos y no perecederos han sido
afectadas.
La planta refresquera decidió suspender actividades por
un tiempo no determinado mientras analizan la situación y toman las decisiones
que crean convenientes. Por ello, es que al llegar al lugar, los clientes que
quieren surtirse del producto solo se topan con puertas cerradas y un letrero
que dice “No hay servicio, Gracias”.
Este viernes en una reunión con el secretario de
seguridad, Pedro Almazán Cervantes, Romero Nava le solicitó un encuentro con
los titulares de la Policía Federal, de la Novena Región Militar, el secretario
de Seguridad Pública y el secretario general de Gobierno, porque “no podemos
continuar en estas condiciones de inseguridad; hoy hablamos de Coca Cola y
falta que las empresas de autotransporte nos den sus cifras y veremos que la
situación es alarmante, que sus pérdidas siguen aumentando”.
Consideró que lo que se requiere es “un trabajo
vertebrado entre todas las autoridades involucradas y real interés de
solucionar los problemas derivados de los movimientos político-sociales que han
alcanzado el ámbito económico; de lo contrario cualquier esfuerzo aislado va a
ser ignorado”.
Mencionó que hace unos días se reunió con Osorio Chong y
esa fue también la propuesta: hacer un pacto real entre los tres noveles de
gobierno para poder solucionar este conflicto político social. Derivado de esa
plática, hace unos días se desplegaron en Chilpancingo unos dos mil elementos
de la policía federal, y dos mil elementos del ejército llegaron a esta ciudad,
“pero aún no sabemos cual será la estrategia”.
Cabe recordar que en noviembre de 1971 Jaime Castrejón Díez, originario de Taxco, y socio de esa empresa fue
secuestrado por integrantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(ACNR) para negociar la liberación de 9 presos de esa organización, que habían
sido recluidos en varias cárceles del Guerrero.
Desde hace algunos años, cerró finalmente la planta
instalada en Taxco y más recientemente la que se ubicaba en Iguala, hoy, se
encuentra en riesgo de cerrar la de Chilpancingo. (NOTYMAS)
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