Yulizeth Rodríguez/NOTYMAS
Acapulco, Gro., diciembre de 2011 (NOTYMAS).- En tanto no
se ejerza el derecho de acceso a la información y se pidan cuentas, la
opacidad y la corrupción
seguirán prevaleciendo, sostuvo Marcos Ignacio Cueva González, consejero
presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero (ITAIG).
Al impartir un curso
recientemente sobre el contenido de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero a integrantes de la Delegación XXV del
sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Consejero Presidente del ITAIG,
mencionó que la transparencia de la información, la rendición de cuentas y la
protección de los datos personales, produce un gran provecho en su conocimiento
y difusión no solo a la ciudadanía, sino también a los funcionarios y empleados
del sector gubernamental.
Ya que de esa forma indicó,
se crea conciencia, destacó que lo valioso del acceso a la información pública
y la protección de datos personales, es que la gente conozca que existe una ley, la
consulte, la utilice y sobre todo, que le sirva, no para destruir, sino para
fortalecer el derecho a saber “triste es que no se conozca ni se utilice”, y
agregó que muchas leyes importantes han quedado como letra muerta, por la falta
de aplicación.
Cueva González, aseguró que
hasta el momento el 99 por ciento de los Sujetos obligados que en el Estado
suman alrededor de 155, entre los tres poderes, organismos autónomos y
Ayuntamiento, han cumplido con la ley en la materia al proporcionar la
información que los peticionarios les han pedido, sino exhibiéndola y
poniéndola a disposición de la ciudadanía en sus páginas de internet tal y como
lo marca la norma.
Sin embargo, subrayó que
son los ayuntamientos, los que han mostrado una mayor resistencia para cumplir
con lo que establece la ley de transparencia.
Por ello el presentante del
ITAIG sostuvo que en tanto no se ejerza el derecho de acceso a la información
por parte de la ciudadanía la opacidad y
la corrupción seguirán prevaleciendo, porque es más fácil para un funcionario o
servidor público hacerse omiso, en tanto no haya una contraloría social que lo
obligue a cumplir con la rendición de cuentas. (NOTYMAS)
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