Rosario García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., marzo de 2016 (NOTYMAS).- El Fiscal General de Guerrero, Xavier Olea Peláez, demostró su
desconocimiento sobre el despliegue que elementos de las distintas
corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno han realizado en el
puerto de Acapulco.
Mediante un comunicado de prensa, la IX Región Militar lamentó las
"desafortunadas declaraciones" del fiscal guerrerense este miércoles
durante una reunión con integrantes del
Grupo ACA, en ese puerto, ante quienes desestimó el operativo de vigilancia que
se lleva a cabo solo en la franja turística con policías federales,
Gendarmería, militares y marinos, en virtud de que a pesar de los esfuerzos,
hay varias zonas donde "se ponen las cosas feas y siguen los
muertos".
En el comunicado la IX Región Militar expresa que para la estrategia de
seguridad en el puerto de Acapulco, el municipio se sectorizó de acuerdo a las
áreas con mayor incidencia delictiva y por la importancia de la costera en
cuanto a la generación de empleos, se atendió de manera prioritaria esa zona.
Durante el encuentro que sostuvo Xavier Olea con Grupo Acá también
aseguró que Guerrero no está preparado para implementar el nuevo sistema penal
de juicios orales, porque no se han capacitado ni los 500 ministerios públicos
ni los 400 policías ministeriales que tiene este Estado para cumplir con esa
tarea de manera efectiva.
Ante esas declaraciones, el gobierno del Estado, emitió otro comunicado,
firmado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el que aclara que
"Desde el pasado 27 de octubre, de manera decidida hemos trabajado
intensamente con la secretaría técnica del consejo coordinador para armonizar
honor al día su implementación, habida cuenta de que en los últimos años no se
había avanzado con el ritmo que impone la propia Reforma Constitucional, que
establece la obligatoriedad de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio para junio del 2016".
Además reconoció la labor que despliega en todo el Estado el gabinete
federal de seguridad a través de Gobernación, la Defensa Nacional, la Marina,
la Procuraduría General de la República y la Policía Federal para combatir la
delincuencia organizada y brindar seguridad a la ciudadanía.
Luego de ambos comunicados, la Fiscalía General del Estado, emite otro en
el que el titular de la dependencia, Xavier Olea Peláez, reconoce los avances
significativos que a la fecha se han logrado con relación al Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, que entrará en vigor en Guerrero el próximo 18 de
junio de 2016, esto es a través de las reuniones interinstitucionales que se
han realizado con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente del Gobierno
Federal y cursos impartidos al interior de la institución en coordinación con
el Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJ).
Y reconoce la coordinación permanente con la titular de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, a fin de estar preparados
para la entrada en vigor en junio próximo.
Y agradece "de manera puntual" el apoyo brindado por el
Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, fuerzas federales, la
Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado, cuyo jefe
del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, ha brindado el respaldo a la
Fiscalía General mediante un trabajo coordinado en aras de avanzar con acciones
estratégicas de seguridad para los guerrerenses.
Contrario a lo declarado ante los integrantes de Grupo Aca, el fiscal guerrerense a través del comunicado
reconoció que se ha reforzado la seguridad con la presencia permanente de
efectivos federales y estatales que cubren todas las zonas del estado de Guerrero,
como son en la franja turística de Acapulco con efectivos del Ejército y la
Armada de México, así como los operativos en Iguala, el Operativo Chilapa, el
de Tierra Caliente, el Operativo Vacacional Decembrino 2015 esto para recuperar
la confianza, la seguridad jurídica, así como la observancia del estado de
derecho, mediante el combate frontal a la delincuencia común y organizada. (NOTYMAS)
