Contracolumna
México, D. F., diciembre de 2012
Por José Martínez M. (*)
El grupo Clarín –el monopolio de medios en Argentina– ha puesto
de cabeza al gobierno de la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner. No
es una novedad este tipo de conflictos en Latinoamérica, al igual que en otras
partes del mundo, pero a diferencia de Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde los
gobiernos han librado verdaderos conflictos por sus ataques a la libertad de
expresión, en el caso argentino la batalla es una auténtica pugna de poder. En
días recientes el grupo Clarín recibió el respaldo de un millón de seguidores
en tanto la presidenta Cristina Fernández obtuvo el apoyo de un poco más de 500
mil simpatizantes.
Está rivalidad se comenzó cocinar a fuego lento en los últimos cuatro años hasta llegar a su climax con la prorroga a la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín ante el ultimátum que obligaba la Ley de Medios a terminar con los monopolios mediáticos a partir del último minuto del viernes 7 de diciembre.
Horas antes de que feneciera el plazo fatal la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendió el plazo para la aplicación de dos artículos “hasta que haya sentencia definitiva”. Lo hizo luego de rechazar las recusaciones de todos los miembros de esa cámara presentada por el Gobierno.
En un duro comunicado de los jueces de todo el país al gobierno de la presidente Cristina Fernández se le hizo notar que “la independencia del Poder Judicial es fundamental para el funcionamiento de la democracia”. En ese sentido la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, que integran las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, manifestó que recibió la preocupación de jueces y juezas de todo el país por “hechos que agreden institucionalmente” a un Poder del Estado y a todos los ciudadanos ya que “la Justicia es para todos”.
La presidenta Fernández viuda de Kirchner se encuentra confrontada con el Poder Judicial y con uno de los poderes fácticos de ese país, como lo es el grupo Clarín que ejerce un contrapoder y es el que se ha encargado de poner la agenda política un día sí y otro también.
Esta confrontación se ha dado en paralelo al tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), que comenzó hace unas semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las acusaciones contra los 68 imputados. Este sería el mayor proceso judicial que se ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Se estima que este juicio durará dos años y declararán alrededor de 900 testigos.
En este contexto la presidenta Cristina Fernández ha señalado directamente al grupo Clarín de haber sido uno de los principales soportes de la dictadura militar.
Es por eso que dos días después del fallo judicial a favor del grupo Clarín el gobierno de Cristina Fernández con motivo de los 29 años del final de la dictadura convocó a la “fiesta de la democracia y los derechos humanos”, en donde la jefa de Estado tomó la palabra en la Plaza de Mayo en un discurso que se retransmitió por cadena nacional de radio y televisión y en todas las otras ciudades donde se organizaron actos. La presidenta se refirió al revés que sufrió su Gobierno cuando un tribunal de segunda instancia suspendió la obligación de desinvertir que la ley de servicios audiovisuales imponía sobre el Grupo Clarín, considerado el principal enemigo del kirchnerismo.
En ese acto la presidenta Cristina Fernández demando que es necesario que haya mayor independencia del Poder Judicial no sólo del poder político, sino del poder económico y de las corporaciones. “Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado. Hay magistrados que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir y matar, por eso necesitamos una justicia que sirva al pueblo; que sea menos corporativa”. Por eso en su lucha contra Clarín exigió al Poder Judicial que “respete la voluntad del Parlamento”, que aprobó la Ley de Medios con el voto del kirchnerismo, como del bloque socialista y de otras fuerzas de izquierda.
El debate en torno a Ley de Medios que ha dividido al Estado argentino y que también ha provocado una diáspora entre los intelectuales y ente la prensa misma viene arrastrando un viejo pasado.
Todo comenzó cuando la dictadura militar bajo estrictas medidas de censura implementó la Ley de Radiodifusión 22.285, que fue promulgada en 1980 y que se mantuvo vigente hasta el 10 de octubre de 2009 año que entró en vigor la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen a partir de entonces el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina y la que se proponía que a partir del último minuto del 7 de diciembre de 2012 diera punto final a los monopolios mediáticos.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados fue aprobado por este órgano legislativo luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
De acuerdo al gobierno de la presidenta Cristina Fernández la aprobación y reglamentación de esta nueva ley significaría un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social.
Si bien este propósito ha merecido el apoyo de amplios sectores sociales al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, principalmente de los intelectuales, no han sobrado quienes le han recordado a la jefa del gobierno argentino que no debe imponerse el peso del Ejecutivo sobre otros poderes, pues el Reglamento de 1811, primer texto constitucional de la Argentina, empezaba prohibiéndole al Ejecutivo “conocer en asunto judicial alguno” o “avocarse a causas pendientes”, que la interpretación de la Constitución y las leyes debe ser potestad exclusiva del Poder Judicial, “sin ninguna limitación en cuanto a la validez de sus decisiones”. Ese principio fue establecido en la Constitución de 1853 y ha sobrevivido a todas las reformas, incluida la de 1949. Es el actual artículo 116 de la Carta Magna que establece: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación”.
En sentido el Grupo Clarín respaldado en su inconformidad por el Poder Judicial ha señalado que seguirá a derecho, por lo que en un comunicado de ese conglomerado de medios, luego de que la Cámara prorrogara la medida cautelar en la causa por la Ley de Medios, emitió su punto de vista:
“Hace instantes el Grupo Clarín ha sido notificado de la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial que dispone la extensión de la cautelar hasta que exista sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.
“Como durante todo el trámite de esta causa, el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia.
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2012”.
Si bien el Grupo Clarín ha mostrado su músculo y goza del apoyo de los grupos concéntricos de poder, la presidenta Cristina Fernandez cuenta con el apoyo de los intelectuales aglutinados en torno al Espacio Carta Abierta que es un conjunto de intelectuales reunidos en defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde que en marzo de 2008 asumió los retos y las consecuencias de su enfrentamiento con las patronales del campo, que realizaron una serie de medidas para interrumpir algunas actividades económicas, como el transporte interurbano, las exportaciones agrarias, bloqueos de rutas y puertos, a lo que ahora se suma la pugna con el grupo Clarín.
Está rivalidad se comenzó cocinar a fuego lento en los últimos cuatro años hasta llegar a su climax con la prorroga a la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín ante el ultimátum que obligaba la Ley de Medios a terminar con los monopolios mediáticos a partir del último minuto del viernes 7 de diciembre.
Horas antes de que feneciera el plazo fatal la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendió el plazo para la aplicación de dos artículos “hasta que haya sentencia definitiva”. Lo hizo luego de rechazar las recusaciones de todos los miembros de esa cámara presentada por el Gobierno.
En un duro comunicado de los jueces de todo el país al gobierno de la presidente Cristina Fernández se le hizo notar que “la independencia del Poder Judicial es fundamental para el funcionamiento de la democracia”. En ese sentido la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, que integran las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, manifestó que recibió la preocupación de jueces y juezas de todo el país por “hechos que agreden institucionalmente” a un Poder del Estado y a todos los ciudadanos ya que “la Justicia es para todos”.
La presidenta Fernández viuda de Kirchner se encuentra confrontada con el Poder Judicial y con uno de los poderes fácticos de ese país, como lo es el grupo Clarín que ejerce un contrapoder y es el que se ha encargado de poner la agenda política un día sí y otro también.
Esta confrontación se ha dado en paralelo al tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los dos principales centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983), que comenzó hace unas semanas, pero aún no se ha acabado la lectura de las acusaciones contra los 68 imputados. Este sería el mayor proceso judicial que se ha hecho contra el régimen, en el que se juzgarán delitos de lesa humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Se estima que este juicio durará dos años y declararán alrededor de 900 testigos.
En este contexto la presidenta Cristina Fernández ha señalado directamente al grupo Clarín de haber sido uno de los principales soportes de la dictadura militar.
Es por eso que dos días después del fallo judicial a favor del grupo Clarín el gobierno de Cristina Fernández con motivo de los 29 años del final de la dictadura convocó a la “fiesta de la democracia y los derechos humanos”, en donde la jefa de Estado tomó la palabra en la Plaza de Mayo en un discurso que se retransmitió por cadena nacional de radio y televisión y en todas las otras ciudades donde se organizaron actos. La presidenta se refirió al revés que sufrió su Gobierno cuando un tribunal de segunda instancia suspendió la obligación de desinvertir que la ley de servicios audiovisuales imponía sobre el Grupo Clarín, considerado el principal enemigo del kirchnerismo.
En ese acto la presidenta Cristina Fernández demando que es necesario que haya mayor independencia del Poder Judicial no sólo del poder político, sino del poder económico y de las corporaciones. “Demandamos mayor democratización en los tres poderes del Estado. Hay magistrados que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir y matar, por eso necesitamos una justicia que sirva al pueblo; que sea menos corporativa”. Por eso en su lucha contra Clarín exigió al Poder Judicial que “respete la voluntad del Parlamento”, que aprobó la Ley de Medios con el voto del kirchnerismo, como del bloque socialista y de otras fuerzas de izquierda.
El debate en torno a Ley de Medios que ha dividido al Estado argentino y que también ha provocado una diáspora entre los intelectuales y ente la prensa misma viene arrastrando un viejo pasado.
Todo comenzó cuando la dictadura militar bajo estrictas medidas de censura implementó la Ley de Radiodifusión 22.285, que fue promulgada en 1980 y que se mantuvo vigente hasta el 10 de octubre de 2009 año que entró en vigor la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen a partir de entonces el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina y la que se proponía que a partir del último minuto del 7 de diciembre de 2012 diera punto final a los monopolios mediáticos.
En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados fue aprobado por este órgano legislativo luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.
De acuerdo al gobierno de la presidenta Cristina Fernández la aprobación y reglamentación de esta nueva ley significaría un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social.
Si bien este propósito ha merecido el apoyo de amplios sectores sociales al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, principalmente de los intelectuales, no han sobrado quienes le han recordado a la jefa del gobierno argentino que no debe imponerse el peso del Ejecutivo sobre otros poderes, pues el Reglamento de 1811, primer texto constitucional de la Argentina, empezaba prohibiéndole al Ejecutivo “conocer en asunto judicial alguno” o “avocarse a causas pendientes”, que la interpretación de la Constitución y las leyes debe ser potestad exclusiva del Poder Judicial, “sin ninguna limitación en cuanto a la validez de sus decisiones”. Ese principio fue establecido en la Constitución de 1853 y ha sobrevivido a todas las reformas, incluida la de 1949. Es el actual artículo 116 de la Carta Magna que establece: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación”.
En sentido el Grupo Clarín respaldado en su inconformidad por el Poder Judicial ha señalado que seguirá a derecho, por lo que en un comunicado de ese conglomerado de medios, luego de que la Cámara prorrogara la medida cautelar en la causa por la Ley de Medios, emitió su punto de vista:
“Hace instantes el Grupo Clarín ha sido notificado de la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial que dispone la extensión de la cautelar hasta que exista sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.
“Como durante todo el trámite de esta causa, el Grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia.
Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2012”.
Si bien el Grupo Clarín ha mostrado su músculo y goza del apoyo de los grupos concéntricos de poder, la presidenta Cristina Fernandez cuenta con el apoyo de los intelectuales aglutinados en torno al Espacio Carta Abierta que es un conjunto de intelectuales reunidos en defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde que en marzo de 2008 asumió los retos y las consecuencias de su enfrentamiento con las patronales del campo, que realizaron una serie de medidas para interrumpir algunas actividades económicas, como el transporte interurbano, las exportaciones agrarias, bloqueos de rutas y puertos, a lo que ahora se suma la pugna con el grupo Clarín.
