Rosario
García Orozco/NOTYMAS
Chilpancingo,
Gro., mayo 24 del 2015 (NOTYMAS).– Familiares de los desaparecidos de Chilapa emplazaron al
gobernador, Rogelio Ortega Martínez, para que realice una
investigación exhaustiva en torno a esos hechos y que los retenidos regresen a
sus hogares sanos y salvos en un término de 48 horas.
Los familiares le pidieron al mandatario estatal que las
autoridades detengan a los comisarios que estuvieron encabezando las
detenciones de los habitantes de Chilapa y de otras comunidades: "Porque
usted habló con ellos y ellos saben donde esta nuestra gente".
José Díaz Navarro, vocero de los familiares, dijo que
desde noviembre pasado fueron desaparecidos 5 de sus familiares y mas tarde
aparecieron asesinados, "pero hasta el momento no nos han entregado ni
siquiera sus cuerpos para darles cristiana sepultura".
Otras personas visiblemente molestas y dolidas
insistieron: "Para nosotros eran sicarios comunitarios o delincuentes
comunitarios, cómo es posible que usted negocio con ellos, y después salió a
decir a los medios que ya tenía acuerdos y que resolvió el problema de Chilapa
sin un solo disparo, pero no informó que había pasado con los desaparecidos a
manos de ese grupo de civiles armados".
Le reclamaron que la policías no haya hecho su papel, y
que no se haya empezado a investigar desde poco tiempo después se detuviera a
los responsables de los secuestros, señalando directamente a los comisarios de
la comisión de esos delitos.
Al gobernador de Guerrero los familiares de
desaparecidos, le dieron un plazo de 48 horas "para que nos resuelva que
pasa con nuestros hijos". Y le reclamaron que después de 15 días
"ahora si se viene a parar usted aquí, porque no vino desde el 9 de mayo,
cuando lo necesitábamos".
Durante la reunión, que se llevó a cabo en el seminario
de Chilapa el medio día de este domingo, el gobernador Guerrerense fue
cuestionado en repetidas ocasiones sobre la actuación de la gendarmería,
"lo único que hacen es cuidar al alcalde y a su familia, no nos atienden
porque somos campesinos, somos huarachudos".
Pidieron, suplicaron, exigieron: "Que nos entreguen vivos a nuestros hijos".
Y también se quejaron: "En Chilapa ya no hay lugar
para gente decente, la gente se tiene que esconder como ratas en su casa,
cuando los ratas son otros".
Y siguieron los reclamos al presidente municipal,
Francisco Javier García: "Explique a qué se debe que desde su llegada al
ayuntamiento se incrementaron las desapariciones y ejecuciones".
Al contestar sobre esos cuestionamientos, el alcalde se
justificó al decir que el incremento de la inseguridad no es una situación solo
en Chilapa, sino en varias ciudades del país, dijo que a los gobiernos estatal
y federal es informó sobre los problemas que tenían los rojos y ardillos,
grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
Otra de las asistentes, hermana de un desaparecido el 30
de marzo, exigió a los autoridades de los tres niveles de gobierno que agilicen
los trámites para que les entreguen el cuerpo de su hermano, a quien reconoció
por la publicación de una foto el un diario local, "mi hermano era
Gilberto Gómez, estudiante de artes visuales que solo vino a la ciudad a pasar
unos días con su familia. Lo reconocí en la foto por un tatuaje en la espalda,
pero en el semefo nos dicen que podría pasar hasta mes y medio para que los
entreguen su cuerpo por los estudios de identificación que deben
realizarles".
Y vinieron mas exigencias: "investigue y detenga a
los policías comunitarios que estuvieron aquí esos días y se llevaron a
nuestros familiares. Les quitaron armas y patrullas a los municipales; no es
posible que eso sea más fácil que quitarle un dulce a un niño, ustedes están
ocasionando que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano".
Rogelio Ortega dijo que para que no padeciera inseguridad
Chilapa mando a interlocutores, "no negociamos con ningún civil armado,
solo con los comisarios que estaban aquí porque ellos son autoridad en sus
comunidades y les pedimos que se retiraran para evitar que se pudiera generar
un problema mayor y se fueron".
Mencionó que los comunitarios tienen quejas por más de 30
desaparecidos, y reconoció que el problema es por la disputa de los grupos de
la delincuencia organizada de los ardillos y los rojos por el dominio de las
región, "lo peor es que reclutan a niños y jóvenes por la pobreza; la
delincuencia organizada penetró en las instituciones, y en los partidos
políticos y el caso más emblemático es el del alcalde de Iguala, José Luis
Abarca".
Ortega Martínez pidió que se conforme una comisión para
que de manera conjunta entre sociedad civil, autoridades eclesiásticas,
autoridades estatales federales y municipales y de derechos humanos puedan
trabajar juntos para avanzar en la búsqueda y aplicación de la justicia en ese
caso.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel
Godínez Muñoz, dio a conocer que fueron citados los comisarios que encabezaron
a los civiles armados que irrumpieron en Chilapa para comparecer este lunes
sobre esos hechos.
En caso de que no se presenten será requeridos con el uso
de la fuerza pública. (NOTYMAS)
