Fidel Pinzón/NOTYMAS
Chilpancingo, Gro., noviembre 25 de 2012 (NOTYMAS). Una de las
principales muestras de violencia contra la mujer es su venta para matrimonio,
o para servidumbre que se ubica como una de las formas más modernas de
esclavitud, advirtió la diputada Luisa Ayala Mondragón.
Al conmemorarse el
Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la legisladora del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltó que en pleno siglo 21 se
siguen generando prácticas que violentan sus derechos humanos principalmente en
zonas indígenas y marginadas.
Informó que “para la
mayoría de las mujeres indígenas guerrerenses, los derechos como la libertad,
la igualdad, la educación, la salud, etcétera, son sólo sueños que muy pocas
veces se disfrutan”.
En contraste, agregó
la legisladora, “las cifras sobre la violencia en sus diferentes modalidades
siguen siendo una cotidianeidad y a la vez un tema pendiente por erradicar”.
Ayala Mondragón
refirió que en reiteradas ocasiones se ha señalado que los derechos
fundamentales de las mujeres en los municipios de la región de la Montaña “son
violentados en todo el esplendor de la palabra, y posiblemente una de las
causas sea por determinados usos y costumbres.
Por ejemplo, comentó,
en localidades de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa El Grande,
Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Alcozauca, Acatepec, entre otros, aún se
mantiene la costumbre de que el matrimonio se decida, principalmente por el
padre o tutor, sin tomar en cuenta, la voluntad de la mujer indígena.
Anteriormente, la
costumbre del matrimonio indígena estaba investida de solemnidad y se
distinguía por “la dote”, consistente en otorgar obsequios a los padres de la
novia, como pan, ganado vacuno o bovino entre otros, dijo la diputada local.
Sin embargo, en el
transcurso del tiempo, esta tradición ha sufrido algunas transformaciones, así,
a partir de dos décadas a la fecha, la mayoría de los padres de la hijas reciben
cantidades en dinero para conceder el consentimiento de ellas, comentó.
Informó que de
acuerdo a un diagnóstico realizado el año pasado por la Secretaría de la Mujer,
se constató, algunos casos donde para celebrarse la boda, el hombre debe dar
hasta 60 mil pesos al padre o tutor de la mujer (en ocasión aún niñas de 12 a
17 años).
En consecuencia,
dijo, el matrimonio para las mujeres indígenas se traduce en una supresión del
derecho de decidir libremente a su pareja, pues quienes deciden por ellas, son
sus padres o tutores, que por cuestiones tradicionalistas, usos y costumbres,
las inducen y en ocasiones las obligan, a casarse con la persona que “la ha
pedido”.
Pero el problema no
acaba con el matrimonio, sino que ya después de casada, la mujer se convierte
en sirvienta, trabajadora y en ocasiones en casi esclava del marido. Estas
prácticas fomentan la prevalencia de matrimonios forzados en estos municipios
indígenas.
Por ello, la diputada
Luisa Mondragón presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes para
castigar hasta con 16 años de prisión a quien obligue a una mujer a contraer
matrimonio de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie
entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de
personas que ejerza una autoridad sobre ella.
Esa sanción también
aplicará a quien obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de
prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares, o a quien ceda o
trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de
otra manera.
La legisladora
perredista informó que esta reforma permitirá generar un contrapeso jurídico
que permita un mayor respeto a los derechos fundamentales de la mujer indígena.
No es óbice mencionar
que como consecuencia de este desagradable escenario, el año pasado, la cuarta
visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició una
queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en
agravio de las mujeres indígenas de esta entidad federativa, principalmente,
sobre el tema de la venta y/o matrimonios forzados. (NOTYMAS)
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