lunes, 26 de marzo de 2012

Asciende deuda oculta de Quintana Roo a 25 MIL MDP


Reportaje

La asociación civil Claridad y Participación Ciudadana dice que la deuda de Quintana Roo, según consta en Hacienda, es de 13 mil millones de pesos, pero podría alcanzar los 25 mil millones con la “deuda oculta”, es decir, la deuda que no se contrae con los bancos. La realidad es que en el gobierno no hay ni para lápices

Por Hugo David Pérez, Juan Manuel Coronel e Isela Serrano / Luces del Siglo (*)

Cancún Qna. Roo, marzo de 2012. En octubre entrante Quintana Roo cumplirá 38 años de su creación y ya carga una deuda de 13 mil millones de pesos, la mayoría de la cual se contrató el sexenio pasado. Gracias a ello, hoy cada habitante “debe” 8 mil 808 pesos y muy pocos todavía a cuenta de qué. Sin embargo, expertos de la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana, quienes visitaron Cancún para concientizar a la población sobre este tema, señalan que el monto no contempla las deudas a corto plazo, lo que podría trepar el pasivo hasta los 25 mil millones de pesos. 

Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la organización fundada por Armando Guadiana Tijerina, expuso durante la Expo Deuda Quintana Roo que esta entidad figura en segundo lugar del país por el tamaño de la deuda con respecto a las participaciones federales que habrán de venir en los próximos veinte años, y que están comprometidas en un 268 por ciento, detrás de Coahuila, el más endeudado con un 383 por ciento. El crecimiento se produjo en pocos años; en 2005 la deuda era de mil 300 millones y se disparó en el año electoral, argumentaron los especialistas.

La organización originaria de Coahuila nació tras el escándalo de falsificación de documentos con los que se tramitaron préstamos durante el sexenio del gobernador Humberto Moreira, lo cual incrementó las sospechas sobre el destino de los 35 mil 823 millones de pesos que actualmente debe aquella entidad.

La deuda del gobierno del estado de Quintana Roo y sus organismos, estimada al mes de diciembre de 2011, ascendió a 12 mil 995 millones, lo que significa un incremento de 57 por ciento con respecto a diciembre de 2010. Guadiana Tijerina consideró como irresponsable la decisión del endeudamiento solicitado por el ex gobernador Félix González (ahora candidato a senador en segundo término por el PRI), porque éste compromete en un 646% los ingresos propios. Lo llamativo que es que en 2010, año electoral, la deuda creció abruptamente 5 mil millones de pesos, sin que dichos recursos sean transparentados. 

“A esto se suma que el gobierno del estado mantiene nueve créditos de largo plazo con la banca, cuya fuente de pago son las participaciones federales. En este sentido, se calcula que el estado de Quintana Roo transfiere mensualmente alrededor de 78 por ciento de sus participaciones para el pago de servicio de su deuda. 

“Esto significa que paga su deuda comprometida contra las participaciones federales de manera irrevocable de ésta en un 22 por ciento. Además de la deuda de largo plazo, el gobierno estatal mantenía hasta diciembre de 2011, tres obligaciones de corto plazo, con vencimiento mayor a seis meses, cuyo monto ascendió a 300 millones de pesos. 

“Ante la irresponsable e ilimitada contratación de créditos de corto plazo se autorizó la contratación en conjunto de financiamientos de hasta 10 mil 728 millones de pesos para refinanciar la deuda pública del estado, incluidos los de corto plazo”, explica un tríptico que circula en la ciudad. 

En la danza de los dígitos y los números que confunden a los ciudadanos poco avezados en temas financieros pero concientes de las alzas en impuestos se teje otra realidad. 

“El gobierno no tiene ni para lápices, anda batallando en cosas como el gasto corriente de nómina porque tienen que ocupar dinero para pago de deuda. 

“Hablamos de la deuda. Nosotros en Coahuila, a través de un amparo, el IFAI está entregando toda la información de los créditos internos de la deuda de Coahuila. No porque nos la quisieran dar sino que tuvieron que darla a través de un amparo federal. Ahora lo más importante es que la falta de información no propicie opacidad y corrupción y se conozca el destino de ese dinero”, puntualizó Guadiana Tijerina. 

La deuda oculta

El doctor en Economía, Juan Pablo Delgado Rodríguez, ex senador, asegura que en el fondo existe un monto oculto de la deuda que no es contabilizado oficialmente, y que puede duplicar el tamaño del monto que conocemos, tal como está pasando en Coahuila, debido a que sólo se estaría contabilizando la deuda que se ha adquirido con instituciones bancarias y no las de proveedores.

De confirmarse, en Quintana Roo la deuda llega a 25 mil millones, el especialista asegura que se estarán pagando 150 millones de pesos mensuales. “Sólo hay que pensar cuántos salarios pagarías con ese dinero, cuántas casas se harían”, argumentó. 

“Son lamentables las declaraciones del Secretario de Hacienda diciendo que la deuda de los estados es manejable porque no rebasa el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, dice eso porque ellos no lo van a pagar”, señaló el economista. 

El líder de la bancada panista en el Congreso de Quintana Roo, Baltazar Tuyub, reconoció que la deuda supera por mucho los 13 mil millones de pesos, pues esta cifra corresponde únicamente a los recursos que están registrados y, lamentablemente, existen recursos aún no contabilizados.

El panista acusó que el aspirante Félix González Canto es el responsable de la deuda, pues en los últimos dos años de su administración solicitó empréstitos por más de 5 mil millones de pesos sin que eso se refleje en infraestructura; la gran mayoría de las obras carreteras y puentes se hicieron con recursos federales, tal como lo afirmó el presidente Felipe Calderón en su más reciente visita a la entidad.

En la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo se establece que no requiere autorización de la Legislatura las obligaciones directas, cuyo plazo de vencimiento no rebase los 180 días naturales y sea para solventar “necesidades urgentes”. Es decir, que los políticos están facultados para pedir cuantos créditos a corto plazo deseen, y muchos casos, aún no están contabilizados en la primera reestructura de la deuda. 

Aún después de la reestructuración en 2011, en la cual se hizo que todos esos créditos a corto plazo se volvieran un monto a largo plazo, se siguieron contratando pequeñas deudas a cubrir en poco tiempo. Según datos de la Fundación Claridad y Participación Ciudadana, el gobierno estatal mantenía, hasta diciembre de 2011, tres obligaciones de corto plazo, con vencimiento menor a seis meses, cuyo monto ascendió a 300 millones de pesos.

¿A dónde se van los recursos? 

El economista Delgado Rodríguez (quien fue candidato a gobernador por Coahuila por el PRD) lamenta que las deudas se dispararan exponencialmente bajo un proyecto político, y acusó que los recursos van a dar a las campañas políticas de aspirantes a la presidencia, como Enrique Peña Nieto. “Es muy extraño que los estados priístas, como Quintana Roo, se endroguen con 12 mil millones, en Coahuila con 25 mil, Zacatecas con 5 mil… Este es un mugreral nacional”.

El representante legal de la asociación, Reyes Flores Hurtado, manifestó que en Coahuila se contrajo deuda con documentos falsos. “Si en Coahuila se atrevieron a falsificar documentos para acceder a recursos, qué no habrán hecho para gastárselos, el problema que tenemos en Coahuila es que no se nos ha dado cuenta de a dónde fueron a parar los 34 mil millones de pesos que se contrataron y que están reconocidos como deuda”.

Flores Hurtado precisó que el real problema no es la deuda, pues les toca a los economistas evaluar el impacto a futuro de las decisiones irresponsables, el problema real es que se ha negado la información de cuál fue el destino de todo el dinero. 

“El problema es que ese recurso que se desvió, se utilice para campañas, se utilice para enriquecer familias, se utilice para otros fines, eso es lo que nos debe indignar, eso es lo que nosotros nos tiene en pie de lucha, porque pueden ser mil millones, pueden ser 200 millones; se los roban, es ilegal, si se roban 10 millones, debemos exigir cuentas claras y fincar responsabilidades a los culpables”.

Por eso esta organización viene promoviendo amparos contra la decisión de las autoridades de negarles la información sobre el destino de los recursos, de esconder qué se hizo con el dinero y, según el abogado, les fue negado durante todo el proceso electoral, previo a que el hermano de Humberto Moreira, Rubén, quedara ungido como gobernador.

Congresos coludidos

La falta de transparencia y la cooptación de los congresos estatales por parte de los gobernadores, quienes abusan de la mayoría partidista para aprobar reformas, cambiar la Constitución y cometer excesos, fue otro punto de debate durante la Expo Deuda en Quintana Roo.

Macario Schettino, analista político, impartió una conferencia en la que resumió el sistema presidencialista y la historia de México ligada al Partido Revolucionario Institucional. Explicó que el poder autoritario del viejo sistema presidencial terminó cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, pero fue trasladado a los estados en donde los gobernadores hacen y deshacen a sus anchas, sin un contrapeso, ni un jefe al cual rendirle cuentas.

Se refirió a las finanzas del Distrito Federal, las cuales son revisadas por el Congreso de la Unión. “Cuando uno no tiene jefe, les aseguro, se porta mal”, indicó, al mismo tiempo que pidió a los ciudadanos involucrarse en el quehacer político para estar al pendiente de qué se hace o no con el dinero, y en el caso de la deuda, invitó a que se federalizaran las demandas para conocer el destino de cada uno de los recursos. “Deben llevar sus problemas al ámbito federal, a la Suprema Corte de Justicia”.

El diputado local Baltazar Tuyub culpó a la legislatura pasada de haber sido complaciente con el ex gobernador Félix González Canto, tanto por aprobar los endeudamientos, como la aceptación de la cuenta pública del 2010, dos días antes de que terminara su periodo, cuando la priísta Laura Fernández (ahora candidata a una diputación federal) era presidenta de la Comisión de Hacienda del Legislativo quintanarroense.

Y lamentó el mayoriteo con el cual se tiene que luchar en el Congreso del estado, donde de los 25 diputados que lo componen, 15 pertenecen al PRI, Panal y Verde Ecologista, mientras que los restantes son de la oposición. 

“Me da vergüenza decirlo porque formo parte de ello, el Congreso del estado es una sucursal más, una dependencia más del Ejecutivo, me da vergüenza decirlo, desgraciadamente 15 compañeros diputados se han vuelto sumisos, se aprueba en el Congreso lo que el gobernador diga”.

El abogado de la asociación Claridad y Participación Ciudadana, Flores Hurtado, ofreció su apoyo a los diputados locales para promover controversias constitucionales e impedir los “mayoriteos”, como sucedió con la aprobación de la deuda en Quintana Roo. “Se necesita el 33 por ciento del Congreso estatal para generar una controversia constitucional federal y se puedan tumbar los acuerdos impulsados por el gobierno estatal que sean violatorios a la Constitución”. 

Deuda justificada

En respuesta a los señalamientos de la asociación norteña, el ex gobernador Félix González Canto declaró que su deuda fue para revertir los daños de tres huracanes y la crisis sanitaria que repercutió en la actividad turística de la entidad. En su opinión, estos señalamientos en su contra son parte de una campaña federal orquestada desde la Presidencia de la República contra todos los estados priístas en el país. 

“Ojalá puedan exponer la deuda federal, no olvidemos que ha sido de las que más ha crecido en los últimos años, esto es lo que más nos interesaría a los mexicanos, no sólo deudas locales, se debe hacer un análisis amplio y profundo porque todos los municipios y estados tienen problemas económicos serios como consecuencia de una crisis prologada en el país de varios años”, retó González Canto.

El ahora candidato a senador también acusó que la agrupación Claridad Participación Ciudadana de estar conformada por opositores al PRI, quienes buscan una coyuntura para generar cuestionamientos en los estados ahora que se acerca el proceso electoral federal.

“Todos estamos preparados para justificar las deudas a las que recurrimos, en Quintana Roo podemos ver solidez financiera, en los dos o tres momentos en que se tuvo que recurrir a la deuda se le informó a la ciudadanía, por ejemplo, durante la crisis de la influenza, la crisis económica mundial, los tres huracanes, en su momento se habló abiertamente y se justificaron los financiamientos”.

Lo que el ex gobernador no precisó es que los huracanes “Emmily”, “Wilma” y “Dean” ocurrieron entre 2005 y 2006, la crisis de la influenza en 2009, mientras que la deuda se contrajo durante 2010, precisamente en el año electoral en que González Canto proyectó con éxito a su sustituto. 


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RECURSOS

APUNTE. La deuda del gobierno de Quintana Roo, estimada hasta al mes de diciembre de 2011, ascendió a 12 mil 995 millones de pesos y donde se observa un incremento de 874 %. 

APUNTE: Actualmente en México, los estados reciben mayor presupuesto por motivo de las participaciones federales, sin embargo endeudan más a sus conciudadanos. 

FRASE: “Endeudarse permite gastar más de lo que se gana, es decir, vivir mejor de lo que se podría. El único problema que tiene la deuda, es que hay que pagarla y como el dinero tiene un costo, puede resultar muy cara”, Macario Schettino, analista político y económico. 

“En México tenemos dos problemas: el primero es que no nos gusta la Ley y no hay manera de que funcione una sociedad democrática sin ley. Tenemos dos opciones: aprender a cumplir la ley o regresar a un régimen autoritario. El otro problema es que si por un milagro, hoy quisiéramos cumplir las leyes, sería un caos: son leyes hechas para otro país”, Macario Schettino, analista político y económico. 

APUNTE: “La acción jurídica da resultado para castigar a los que dilapidaron”, Armando Guadiana Tijerina, consejero y fundador de Claridad y Participación.

 


Félix González Canto, el virrey de la impunidad


Contracolumna
Por José Martínez M. (*) 
México, D. F., marzo de 2012. Es interminable la lista de delitos e irregularidades en que incurrió Félix González Canto durante su gestión como gobernador de Quintana Roo, por lo que debería ser sancionado e inhabilitado con todo el rigor de la ley, pero ocurre que este político ha actuado con impunidad ante las complicidades de las autoridades que tienen el deber irrestricto de aplicar la ley. El Congreso de Quintana Roo y las autoridades de fiscalización han sido cómplices de este conspicuo personaje que mediante artimañas y subterfugios legales pretende hacerse de un escaño en el Senado de la República.

Félix González Canto incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. Es un secreto a voces su desmedida fortuna, que va desde el usufructo de concesiones de placas de taxis hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de propiedades en bienes inmuebles y negocios. Y no sólo eso. Desde hace años ha sido señalado como pederasta y sospechoso de un femenicidio en contra de una menor, lo cual es un delito grave, de los más sancionados.

Aún hay más: incurrió en delitos de nepotismo y saqueo de las arcas públicas. Tan sólo para el manejo de su “imagen” se dilapidaron más de mil 500 millones de pesos y dejó al estado de Quintana Roo como la segunda entidad más endeuda del país, después del estado de Coahuila.

Todos estos delitos e irregularidades se encuentran documentados. Y ante la complicidad de los poderes formales y fácticos, en Quintana Roo están dadas las condiciones para que el Senado de la República intervenga para que, en su momento, determinar a petición de un partido político la desaparición de poderes. Los niveles de corrupción son impresionantes y abarcan a casi toda la clase política. Es inconcebible que Quintana Roo, siendo uno de los estados más jóvenes del país, tenga a 40 años de su fundación los vicios de un estado en decadencia, de ahí que esta entidad ocupe uno de los primeros lugares en pederastia, corrupción, tráfico de personas, prostitución, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes.

El PRI no tiene gobernabilidad y no existe un equilibrio político. El deterioro del tejido social es alarmante. Quintana Roo no es el paraíso. Es el invernadero de la corrupción. No es fortuito que uno de sus gobernadores esté en prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos a donde fue extradito Mario Villanueva. Aún con todo ello, el narcogobernador está promoviendo que periodistas de TV Azteca, caso concreto del conductor de noticias Javier Alatorre le escriba su “biografía”, como lo ha hecho saber quien fuera su vocera y amiga íntima, Niza Puerto, la que ahora se ha convertido en la “operadora” y publirrelacionista de Félix González Canto.

El ex gobernador Félix González Canto de hecho se manejó como un virrey. Ahora anda en busca de obtener inmunidad, si se le puede llamar así a quienes delinquen, actúan y se comportan con impunidad.

González Canto y sus testaferros han sido los operadores intelectuales de la campañas sucias contra políticos y periodistas críticos. Él mismo se ufana de dictar la agenda de los medios. Tarde que temprano deberá enfrentar a la justicia y no sería extraño que siga los mismos pasos de Mario Villanueva.

Por fortuna, en otros Estados de la República mexicana algunos ex gobernadores han sido sancionados. Como ocurrió en el caso del ex gobernador panista de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz. En Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública estatal (SFP) inhabilitó por cinco años al ex gobernador Ortiz Ortiz para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público estatal por incurrir en actos de nepotismo durante su administración. 

En un resolutivo, la dependencia estatal señaló que Ortiz Ortiz “dañó la imagen de la administración pública ya que cometió actos que no son permisibles en una relación laboral”. La SFP estatal indicó que está demostrado que durante la administración del ex mandatario, diversos de sus familiares directos formaron parte de su gobierno y a quienes contrató, nombró o promovió en cargos públicos. Cualquier semejanza con Quintana Roo y Félix González Canto es mera coincidencia.

En Baja California Sur, el ex gobernador perredista Narciso Agúndez Montaño fue inhabilitado por seis años para ocupar cargos públicos a nivel estatal tras un proceso administrativo abierto en su contra por el presunto desfalco al erario de más de 55 millones de pesos. La Contralora local, Maritza Muñoz hizo saber que la sanción se derivó de una denuncia que inició el gobierno estatal por la venta irregular de siete predios en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, en Los Cabos. Por tal motivo se le impuso también una sanción económica de casi 28 millones de pesos, que corresponde a la mitad del daño patrimonial causado al erario.

De acuerdo a la contralora este hecho es independiente del proceso penal que actualmente se le sigue al ex gobernador y a seis ex funcionarios más, por otra venta con estos mismos terrenos. La investigación en la Contraloría inició 10 días después de que el ex gobernador anunciara que se afiliaba al PVEM y que buscaría competir por un escaño en el Senado de la República. Otra vez, cualquier semejanza con Quintana Roo y Félix González Canto es mera coincidencia.

Y en cuanto a Coahuila y su semejanza con Quintana Roo, un juez federal dictó auto de formal prisión a dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por presuntamente dar información falsa para otorgar un crédito al gobierno de Coahuila. En una tarjeta informativa se dio a conocer que Jorge López Alarcón y Jaime René Jiménez Flores son probables responsables del delito previsto en el Artículo 112, párrafo cuarto, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa.

Además, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del gobierno de Coahuila, por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Banco Santander. Entre los funcionarios involucrados se encuentran Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo.

Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, se encuentra bajo proceso y fue obligado a renunciar a la dirigencia nacional del PRI. 

El caso de Félix González Canto es más complicado y mucho más grave. Las fechorías de este ex gobernador están documentadas, pero tiene a su favor la complicidad del Congreso estatal y de las autoridades fiscales y judiciales de la entidad.

El caso de Quintana Roo no es un asunto estrictamente local, es un asunto de seguridad nacional. La corrupción permea a todos los niveles desde el más bajo hasta el más alto.

Los ejemplos de Tlaxcala, Baja California Sur y Coahuila no son mera coincidencia. Lejos de poner sus barbas a remojar, el ex gobernador González Canto anda metido de lleno en su campaña por la senaduría. No obstante, este mismo caso incurrió en nuevos delitos e irregularidades que motivaron la intervención de las autoridades electorales federales. 

Félix González Canto actúa con descaro como el ex gobernador de Tlaxcala. Héctor Ortiz Ortiz tan pronto cuando fue sancionado, hizo declaraciones que suenan a una canallada. Dijo: “Me tiene sin cuidado el resolutivo de la Secretaría de la Función Pública y no tengo miedo, no porque sea muy valiente, sino porque a mis adversarios no les alcanza para intimidarme”. 

Y aún más: “No me afecta la inhabilitación para ocupar un cargo público en Tlaxcala, pues no tengo interés en participar en la presente administración. Yo no deseo colaborar en ningún sentido con este gobierno, ni como abogado externo me interesa trabajar con él. El titular de la Secretaría de la Función Pública (Hugo René Temoltzin) no tiene facultades en toda la República, por eso no afecta mis aspiraciones políticas”, remató con cinismo. Esa es la posición de Félix González Canto. Actuar con desfachatez y con cinismo.

Félix González Canto todavía tuvo el descaro de promulgar un “Código de ética” para los servidores públicos de Quintana Roo, supuestamente “para fomentar hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, bajo principios y valores éticos”. Valores y principios que él mismo se pasó por el arco del triunfo. Parientes y familiares ocuparon cargos de todos los niveles. Un caso sin precedente. Y nos quejábamos de López Portillo por el “orgullo de su nepotismo”.

Ahí está la ley y ahí está su “código de ética”. Nadie mueve un dedo en Quintana Roo, ninguna autoridad. Hay simplemente un vacío de poder. Por eso González Canto se jacta de seguir moviendo los hilos de la política y del poder. Por eso Quintana Roo es el invernadero de la corrupción, donde todo se vale, incluso que un político relacionado con el narco, Gabriel Mendicuti y el “exitoso constructor” Luis Carlos Carrillo Cano hayan llevado una amistad a partir un piñón y se le haya otorgado a un narco-constructor la ampliación del penal de Cancún, pero que gracias a la denuncia de los medios de información se frenó a tiempo. Pero lejos de sancionar a este servidor público, el ex gobernador González Canto protegió y, aún peor, Enrique Peña Nieto nombró a Mendicuti como su coordinador de campaña en ese estado del Caribe mexicano. Eso es lo que nos espera con Peña Nieto. El viejo PRI, el de la narcopolítica y de la corrupción. 

Así que quien comete un delito, o una serie de delitos, no es más que un delincuente. Por eso Félix González Canto es un delincuente electoral.

El Instituto Federal Electoral ha decidido que el ex gobernador junto con quien fuera su vocero deben ser investigados por el Congreso y la Contraloría del Gobierno de Quintana Roo, de acuerdo a la reciente resolución del Consejo General del IFE respecto al expediente SCG/PE/PRD/CG/018/2011, a través del cual el PRD denunció la desbordada campaña publicitaria con motivo del último informe de gobierno de González Canto, en marzo del año pasado.

El IFE pudo constatar que durante el periodo del 15 al 31 de marzo de 2011, “se difundieron a través de las señales de radio y televisión operadas por los concesionarios y/o permisionarios llamados al presente procedimiento, los promocionales alusivos al sexto informe de gestión del C. Félix Arturo González Canto (otrora gobernador quintanarroense), mismos que tuvieron 4 mil 221 impactos. De este universo, 3 mil corresponden a emisoras domiciliadas en el estado de Quintana Roo; y el resto, mil 221 impactos de promocionales televisivos, fueron difundidos por emisoras radicadas en distintas entidades federativas”. 

El proyecto de resolución del IFE establece: “Se evidenció que la Unidad del Vocero del Gobierno del Estado de Quintana Roo, erogó recursos públicos, considerados dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2011, para cubrir la correspondiente contraprestación económica por la difusión de la propaganda ya mencionada”.

De acuerdo a dicha resolución “…debe establecerse un juicio de reproche en contra de quien fuera el Gobernador del estado de Quintana Roo en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona, puesto que en los mensajes impugnados aparece su imagen y su voz (y en el caso de los radiales, sólo su voz), y tomando en consideración que dicha conducta sólo puede ser realizada intuitu personae (es decir, directamente por el servidor público denunciado), válidamente puede sostenerse que violentó el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución General”, que prohíbe incluir nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público en los promocionales institucionales a que tienen derecho… 

“… el mandatario quintanarroense también debe ser responsabilizado por la conculcación a la normativa comicial federal, en razón de que apareció en diversos mensajes televisivos y radiales alusivos a su informe de gestión (y que fueron motivo de la inconformidad planteada por el Partido de la Revolución Democrática), los cuales no cumplieron con los requisitos exigidos en el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (al haber rebasado los límites temporal y espacial allí previstos), por lo cual, constituyeron actos de promoción personalizada a su favor...

“… Ahora bien, tomando en consideración que en el caso a estudio, los mensajes televisivos considerados infractores de los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron sufragados con recursos públicos (atento a lo informado por quien fuera el Titular de la Unidad del Vocero del gobierno de esa entidad federativa), y que al día de hoy el C. Félix Arturo González Canto (otrora gobernador quintanarroense), ha concluido ya su gestión, lo procedente es dar vista a la Legislatura del estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, conozcan de esa conducta y en su oportunidad, determinen lo que en derecho corresponda.

“Como se observa de los preceptos legales antes transcritos, corresponde a la Legislatura del estado de Quintana Roo, así como a la Secretaría de la Contraloría del gobierno de esa entidad federativa, conocer e investigar de los actos irregulares que han sido acreditados en el presente expediente, atribuibles a quienes fueran el mandatario quintanarroense y Titular de la Unidad del Vocero de la administración pública local en comento.

“En esa tesitura, resulta procedente poner en conocimiento de los entes públicos antes referidos, las conductas desplegadas por los CC. Félix Arturo González Canto (otrora Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo) y Jorge Acevedo Marín (otrora Titular de la Unidad del Vocero de ese gobierno local), a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho proceda”.

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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

Trabajadores del congreso del estado por primera vez protestaron y bloquearon los accesos del poder legislativo en demanda de incremento salarial. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


En primer plano el ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer atestigua la reconciliación de Rubén Figueroa Smutny y Manuel Añorve que se abrazan después del pleito que traían en la red social (FaceBook), en la imagen también aparece Héctor Vicario Castrejón aspirante a diputado federal. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


El reconocido priísta Rubén Figueroa Alcocer flanqueado por su hijo Rubén Figueroa Smutny y el presidente del PRI en Guerrero, Víctor Valencia. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Maricela Ruiz Massieu, René Juárez candidatos al senado y Héctor Vicario candidato a diputado Federal dialogan en la conferencia de prensa ofrecida en sus oficinas. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Rubén Figueroa Smutny, Rubén Figueroa Alcocer; el presidente del PRI en Guerrero, Víctor Valencia; diputado federal, Antelmo Alvarado; Manuel Añorve, ex alcalde de Acapulco; Maricela Ruiz Massieu y René Juárez candidatos al senado; y Héctor Vicario candidato a diputado Federal, en conferencia de prensa en sus oficinas. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Precandidatos del PRD, Tony Pérez por una diputación local y Alejandro Mendoza a la presidencia municipal en conferencia de prensa en un restaurante del centro de Chilpancingo. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Rigoberto Ramos, ex funcionario de la Procuraduría Agraria se destapó como aspirante a candidato a la alcaldía del Chilpancingo por el Partido de Acción Nacional. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Trabajadores del gobierno del estado que laboran en el palacio de la cultura pararon labores por temor a los movimientos telúricos que se han registrado últimamente. (Foto: José Luis de la Cruz/NOTYMAS)


Todo listo para la seguridad del proceso electoral en Guerrero


Laura Sánchez Granados/ Agencia de Noticias Acapulco
Acapulco. Gro. Marzo del 2012. Se realiza un mapeo de riesgo en Guerrero para aplicar el operativo de seguridad durante los procesos electorales, la Tierra Caliente y Acapulco están dentro de las prioridades informó el vocero del Operativo Guerrero Seguro Arturo Martínez Núñez, comentó que esta semana se reunirá el Consejo quienes tomaran las decisiones para aplicar las estrategias y que los guerrerenses puedan emitir su voto en un ambiente de paz, seguridad y confianza.

Explicó Martínez Núñez que participaran en las campañas políticas alrededor de 500 candidatos de todos los partidos en Guerrero, quienes también están dentro de las estrategias de seguridad de este recién conformado consejo.

Informó que el municipio de Teloloapan pidió el Operativo Guerrero Seguro, confesó que es un honor, ya que eso significa que está dando buenos resultados Arturo Martínez comentó que se autorizo este operativo en esa zona de Tierra Caliente, no informo en que zonas estarán ni cuántos son los policías para evitar que la delincuencia se entere.

También reconoció que la semana pasada se incrementaron los asesinatos entre grupos delincuenciales a 28, lo que significa que fueron 4 por día, detuvieron a 9 peligrosos miembros del grupo de delincuentes La Barredora, entre ellos dos jefes de estos grupos, también se logro recuperar 84 vehículos robados, reconoció que se incremento este delito en el puerto pero no cuenta con la información del total de autos sustraídos.

Finalmente dijo que se envió un estudio sobre el comportamiento de la delincuencia en Acapulco y de cómo ha bajado al Tianguis de Puerto Vallarta que mostrará la Secretaría de Turismo en la entidad para demostrarles a los compradores que el Operativo Guerrero Seguro está dando resultados.