Salomón Cruz Gallardo /IRZA
Chilpancingo, Gro., junio de 2015.- La Fiscalía General del Estado inició procedimientos administrativos en
contra de agentes de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales.
Porque hace unos días denunciaron que el fiscal general, Miguel Ángel
Godínez Muñoz, maneja de discrecional los recursos económicos, venta de plazas,
y no les dota material para oficinas.
Sin excluir la existencia de “aviadores”, de los que en su mayoría son
connotados abogados de Acapulco.
En conferencia de prensa Juan Rivas Altamirano, presidente de la
Asociación de Ministerios Públicos, Peritos y Policías Ministeriales “Ignacio
Manuel Altamirano”, también exigió el pago puntual de sus viáticos que
hacienden a más de cuatro quincenas.
Resaltó que no les entregan “un bono quincenal de alto riego por la
cantidad de 3 mil pesos”, que se entrega únicamente a personal táctico y
operativo.
Se quejó porque no les suministran el combustibles y la papelería, a las
unidades motrices no les realizan servicio y que desde hace meses no han pagado la renta de viviendas de
la Policía Ministerial en la región de la Montaña.
Denunció que Godínez Muñoz pidió a la Contraloría Interna citar a los
agentes de ministerios públicos, peritos y policías ministeriales que firmaron
el documento para que comparezcan y ratifiquen el contenido o en su defecto se
deslinden de la denuncia.
Insistieron que las irregularidades antes citadas, trae como
consecuencia la no atención de los “delitos graves”, que repercute en los
agraviados y en las víctimas cuando se encuentran en grave peligro, y debe
realizar un operativo para su rescate.
Externaron que la inconformidad no es de uno cuantos agentes del personal
inconforme, si no que es un asunto generalizado. Los inconformes urgieron una
exhaustiva investigación de las irregularidades que están sucediendo en la FGE.
“Consideramos que es una de las peores administración que vive la FGE”.
Insistieron que ya tienen conocimiento que ya inició un procedimiento
administrativo por la Contraloría Interna de esta, la que ya giró un oficio a
la Dirección de la Policía Ministerial para que se les notifique y comparezcan.
Los afectados también amagan con asistir a la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos (Coddehum) y advirtieron que en caso contrario asistirán a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender sus derechos que les
están coartando.
