La confrontación
José
Antonio Rivera Rosales
El miércoles
25 de febrero, apenas unas horas después del desalojo violento de maestros y
estudiantes del Boulevard de Las Naciones, el presidente Enrique Peña Nieto
anunció el principio formal de la represión.
Al efecto, utilizando un lenguaje críptico,
el mandatario dijo: “Las actuaciones que el Gobierno de la República tendrá en
los hechos de Guerrero, y en cualquier otro caso, será con la ley en la mano.
Con las atribuciones que la ley le da al Gobierno de la República, y a los
gobiernos estatales, para asegurar la plena vigencia del estado de derecho”.
“Siempre privilegiando el diálogo, el
acercamiento con quienes disienten, con quienes tienen diferencias, con quienes
tienen demandas que enarbolar. Pero lo más importante es que nadie quede
exceptuado de la aplicación de la ley. No caben acuerdos, ni caben
negociaciones que sean para exceptuarse ni sustraerse de la aplicación de la
ley.
“Lo que el Gobierno de la República
invariablemente estará trabajando (…) es asegurando la aplicación irrestricta
de la ley por igual, y en todo el territorio nacional”.
Estas palabras, con un inequívoco talante
político, fueron pronunciadas por Peña Nieto ante el pleno de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) que se llevó a cabo esa ocasión en el estado
de Durango.
Las versiones periodísticas de esa fecha se
centraron poco en estas palabras, e interpretaron la frase coloquial “nadar de
muertito” como dirigida al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Y
es posible que así haya sido, pero lo verdaderamente importante es que Peña
Nieto escogió el pleno de la Conago para anunciar “la aplicación irrestricta de
la ley”.
Llama la atención el párrafo del medio,
donde el mandatario se refiere explícitamente a “quienes disienten, (…) quienes
tienen diferencias, (…) quienes tienen demandas que enarbolar. Pero lo más
importante es que nadie quede exceptuado de la aplicación de la ley”.
Explícitamente el mandatario se refirió a
los disidentes políticos como destinatarios de este mensaje con acuse de
recibido para “quienes tienen diferencias”, a los que advirtió, sin decirlo,
que el gobierno federal prepara ya una ofensiva jurídica para someter a quienes
lo han desafiado.
Quien piense que es uno más de los discursos
huecos y grandilocuentes que Peña Nieto gusta de pronunciar ante los diversos
públicos del país, está rotundamente equivocado. Este discurso ambiguo, pero
cargado de intencionalidad y significación política, seguramente fue pensado y
redactado en Los Pinos para ser pronunciado precisamente ante los gobernadores
y, por consecuencia, para advertir lo que se les viene encima, especialmente al
de Guerrero.
Eso es lo que significa “la aplicación
irrestricta de la ley”.
En este contexto, de manera tácita, el
gobierno federal arropó como suya la arremetida violenta de la Policía Federal
contra los aproximadamente cinco mil maestros y maestras que el 24 de febrero
reclamaban paso al Aeropuerto Internacional Juan Álvarez, para darle mayor
contundencia a la protesta de ese día.
La postura oficial de justificar la muerte
del profesor Claudio Castillo Peña, diciendo que murió por otra causa distinta
al traumatismo cráneo encefálico -es decir, sugiriendo que lo mataron sus
mismos compañeros-, se constituye en realidad como un espaldarazo a la
acometida bestial de los uniformados que atacaron con saña a maestros,
transeúntes y periodistas -entre ellos Carlos Alberto Carbajal y Bernandino
Hernández-.
Debemos afirmarlo con todas sus letras: el
ataque contra los ciudadanos que se manifestaron tuvo características bestiales
que en nada se parecen a los protocolos antidisturbios que ya hemos visto -como
el proceso de “encapsular” a grupos o personajes problemáticos-, y más bien se
asemejó a una venganza largamente reprimida. Fue una actitud de represalia más
parecida a “ya los aguantamos mucho, ahora jódanse”. Y actuaron en
consecuencia.
Para destensar la situación, en principio,
de común acuerdo las autoridades federales y estatales deberán investigar lo
que compete a cada jurisdicción: la Procuraduría General de la República (PGR)
tendrá que investigar quién dio la orden de arremeter de esa manera contra los
inconformes y, en lo que toca al fuero común, la Fiscalía General del Estado
(FGE) deberá averiguar quién resulta responsable de ese homicidio, así como de
la denunciada agresión sexual contra las maestras. Todos quienes resulten
responsables, policías o civiles, deberán responder ante los tribunales.
Ésta sería una forma jurídica, civilista, de
resolver lo que se presenta ya como un nuevo frente de conflicto que podría
derivar fácilmente en una confrontación de largo aliento.
Por otra parte, sin el ánimo de justificar
la embestida de los federales, tanto la PGR como la FGE tienen la tarea de
investigar cómo se produjo este incidente, que presenta aristas de
interpretación no gratas para los propios manifestantes.
En principio, este acto de represión
indiscriminada por parte de los federales causó la ruptura entre dos facciones
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG). La
dirigencia formal, que encabeza Ramos Reyes Guerrero, de plano señaló como
responsables de la represión a Walter Emanuel Añorve Rodríguez, Antonia Morales
Vélez y Manuel Salvador Rosas Zúñiga, a los que acusó de haber ocultado
deliberadamente el aviso sobre la cancelación de la mesa de negociación con las
autoridades federales, motivo original de la manifestación.
Estos maestros, que representan el ala
radical de esa organización de la disidencia magisterial, son los mismos que ya
habían desconocido a la dirigencia formal de Reyes Guerrero, a quien acusaron
de pactar con el gobierno de Ortega Martinez. Para el efecto, necesitaban una
motivación que encendiera los ánimos, y lo consiguieron.
El acto de lanzar el autobús contra los
uniformados -para lo cual utilizaron al chófer que, debemos decirlo, es un
rehén al igual que otros conductores de autobuses que literalmente están
secuestrados por maestros y estudiantes-, no puede definirse más que como un
acto homicida. Quienes urdieron esa maniobra y luego culparon al indefenso
chófer, muestran más una conducta de criminales que de maestros.
Es
obligación de las autoridades de procuración de justicia llegar al fondo de la
verdad y actuar en consecuencia, pésele a quien le pese.
